El colectivo de promotores afirma que la nueva ley estatal «es tan restrictiva que prácticamente va a resultar inaplicable»
Fuente: diarioinformacion.com
La Asociación de Promotores de Viviendas de la Provincia de Alicante valora «negativamente» la medida del Gobierno central de dejar en suspenso durante 4 años la exigencia de destinar a VPO el 30 por cien del suelo edificable a la construcción de viviendas protegidas. Un portavoz del colectivo subrayó que la medida va a resultar «prácticamente inaplicable» en la provincia y subrayó que la solución pasa por una «flexibilidad absoluta» en materia de VPO.
Esta medida, incluida en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en su Disposición transitoria segunda, modifica la regla contenida en el artículo 10.1 b) de la vigente Ley de Suelo, ya que, según el texto, tenía sentido en una coyuntura de expansión de mercados inmobiliarios. La fuerte caída acumulada de los precios de la vivienda libre durante los últimos años y la inexistencia de adecuación a dicha situación, en los módulos de la vivienda protegida, han provocado dos efectos que aconsejan el establecimiento de esta regla excepcional y temporal: de un lado el acercamiento sustancial de los precios de ambas, lo que resta toda competitividad a la vivienda protegida, caracterizada por un régimen jurídico mucho más restrictivo que el de la vivienda libre, y de otro la difícil situación económica de las familias, tanto en términos de renta para poder adquirir una vivienda, como en términos del acceso al crédito de las entidades financieras. Todo ello provoca que hoy, en el stock de vivienda sin vender ya construida, se encuentren viviendas con protección pública, derivadas del cumplimiento de la mencionada reserva mínima estatal y que dicha reserva, por tanto, no sólo no esté coadyuvando al cumplimiento de los fines previstos, sino que esté rigidizando injustificadamente las operaciones que, sobre todo en el suelo urbano, pero también en gran medida en el suelo urbanizable, tienen posibilidades de realizarse, incluso en los momentos difíciles que atraviesa el sector inmobiliario.
Los promotores no ocultan su gran decepción ante la nueva ley de «Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas», que entró en vigor el pasado 26 de junio, especialmente en lo que se refiere a una de sus medidas más polémicas, como es la de suspender la exigencia de construcción de viviendas protegidas. Desde Provia afirman que «la ley no sirve para nada» ya que en la provincia será «prácticamente inaplicable ya que una de las condiciones, la referida a que un 15 por ciento de las viviendas en stock sean de protección oficial, no se puede cumplir», por lo que «la medida no resuelve el problema existente».
Desde la asociación de promotores se insiste en que «tenemos un montón de suelo inactivo y la nueva ley no resuelve nada. Creemos que los redactores de la ley han pensado únicamente en Madrid».
Para los promotores la solución a los graves problemas de la construcción pasa por la «flexibilidad absoluta» en materia de construcción de VPO, y que sean las distintas administraciones autonómicas y locales las que, «a la vista de la situación que atraviesa el sector, decidan si realmente hacen falta más VPO, porque la medida no puede ser para todas partes iguales ya que las circunstancias son muy diferentes», insistieron desde Provia.