El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia muestra su total rechazo al anteproyecto de Ley sobre Colegios y Servicios Profesionales, ya que su aplicación supondría importantes riesgos para la seguridad de las personas y los bienes tanto en Galicia como en el resto de España.
El decano del Colegio, José Manuel Durán, denuncia que este anteproyecto de Ley “supone en la práctica la desaparición de todas las medidas de seguridad que existían en la Ingeniería, tanto desde los Colegios como desde la Administración, por lo que no habrá garantías para el ciudadano más allá de la palabra del empresario”.
Según el comunicado del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, antes de la Ley Ómnibus (2009), existían al menos cuatro medidas de seguridad para los proyectos de ingeniería: la colegiación obligatoria, el visado obligatorio y la revisión del proyecto por parte de la Administración, antes y después de su ejecución. “En los últimos cuatro años ha desaparecido el visado obligatorio para las obras de ingeniería y ha aparecido la figura de la declaración responsable, que posibilita la puesta en marcha de una actividad sin la existencia de proyecto, pues la Administración no lo solicita ni inspecciona todas las instalaciones, al no disponer de los medios necesarios. De este modo, las medidas de seguridad quedan en manos de una única persona, que nadie garantiza que tenga la calificación requerida”.
Una situación, la de hacerse pasar por un técnico cualificado, que ya se ha producido en varias ocasiones a pesar de las medidas de seguridad en vigor. Así, en enero de 2013 la Guardia Civil detuvo a un vecino de Lalín que certificaba visados de trabajo de instalación de sistemas de calefacción y aguas sanitarias cuando carecía de titulación para hacerlo. “Si el visado y la colegiación dejan de ser obligatorios para trabajos de ingeniería industrial, aumentarán este tipo de engaños y se pondrá en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos”, advierte el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia.
Una situación que se está reproduciendo también con el certificado energético obligatorio para la venta y alquiler de inmuebles, donde el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España ya ha denunciado que se están expidiendo certificados sin que el técnico visite presencialmente el inmueble y realice mediciones de eficiencia energética que exige el Real Decreto 235/2013.
Caso paradigmático
José Manuel Durán insiste en que “la eliminación de la colegiación obligatoria tiene un impacto económico prácticamente nulo. Como no afecta al sector público, no sirve para que el Gobierno cumpla sus objetivos de déficit pero sí merma la seguridad de las instalaciones que se lleven a cabo en nuestro país”. Un ejemplo paradigmático de hacia dónde nos conduce el anteproyecto de Ley sobre Colegios y Servicios Profesionales es la tragedia ocurrida en la calle Pancho Guerra (Las Palmas) en 2006, donde el derrumbamiento de un muro de contención sobre unas casas causó tres muertos.
En su sentencia, el Juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas confirmó que la obra se ejecutó “bajo la dirección técnica del acusado como ingeniero industrial y administrador de la sociedad, sin que el muro estuviera debidamente proyectado ni visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, construyéndose en base únicamente a un bosquejo manuscrito por el acusado carente de detalles mínimos indispensables para la adecuada construcción de un muro que sirviera pantalla protectora ante eventuales desprendimientos, con unas dimensiones aproximadas de 77 metros de largo por 20 metros de alto, con un espesor de 30 centímetros en condiciones inadecuadas para su sostenimiento”. Una tragedia que podría haberse evitado si el proyecto hubiese sido visado por parte del Colegio, pero ni siquiera fue inspeccionado a posteriori por la propia Administración.
Además, cuando sí existen este tipo de inspecciones posteriores por parte de la Administración, éstas son de carácter aleatorio, es decir, no se revisan todos los proyectos (como sucedió en el caso de Las Palmas). “Puede haber muchas instalaciones que no tengan ningún tipo de control. Es más, son la inmensa mayoría”, señala el decano del Colegio.
Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia advierte también de las lagunas existentes en otro mecanismo de control, que son las inspecciones realizadas por Organismos de Control Autorizado (OCAs) a instalaciones específicas. Estos organismos de control, que son empresas privadas no vinculadas a la Administración, podrían llegar a tener una vinculación con los proyectistas, pues no existen suficientes controles para verificar su independencia a la hora de inspeccionar. “Sería como poner al lobo a cuidar a las gallinas”, lamenta José Manuel Durán, quien también señala otro hecho incomprensible que degrada la calidad de las inspecciones: “en muchos casos, y lo digo por experiencia propia, el técnico de la OCA que revisa la instalación del ingeniero industrial es un técnico de FP que, dicho sea con todos los respetos, mira con lupa aquello que conoce pero no tiene los conocimientos necesarios para estudiar el proyecto a fondo”.
Visado obligatorio
La tendencia de los últimos años nos conduce aún más al pesimismo: la legislación permite que el empresario, mediante una declaración jurada, afirme ser el responsable, tener un proyecto y un técnico que dispondrá de un seguro. Si ligamos esto a que los proyectos de actividad ya no requieren visado, la única garantía que tienen los ciudadanos es la palabra del empresario. Y en los últimos meses están surgiendo numerosos casos en los que o bien ese proyecto no existe o bien no existe seguro de responsabilidad civil. Puesto que esto sólo se detecta mediante inspecciones, y desde la Administración no están inspeccionando todos los proyectos, los Colegios Profesionales ya no pueden garantizar que todas las actividades se desarrollen cumpliendo la normativa, con proyecto y con seguro.
Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia solicita al Gobierno que el visado vuelva a ser obligatorio para los proyectos de Ingeniería y garantizar así la seguridad de los ciudadanos. De hecho, el Real Decreto 1000/2010 que eliminó esa obligatoriedad debería haber sido revisado este verano, pero el Gobierno todavía no lo ha hecho. El visado del proyecto por parte de un colegiado es simple garantía de que el proyecto ha sido realizado por un profesional competente, que cumple toda la normativa de seguridad vigente y que dispone de un seguro de responsabilidad civil.
Intrusismo profesional
Finalmente, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales denuncia que el anteproyecto de Ley sobre Colegios y Servicios Profesionales “abre el camino a un intrusismo no cualificado para la realización de cualquier trabajo de ingeniería” y recuerda que los Colegios Profesionales “somos mecanismos que garantizamos que un ingeniero está capacitado para realizar su trabajo, que dispone de una formación adecuada y que está sujeto a un código deontológico de buenas prácticas”. José Manuel Durán advierte de que “se está tratando de exportar a la Ingeniería la misma política que nos ha llevado a esta crisis económica: eliminar todos los controles a la banca. Y ya sabemos a qué ha conducido eso: recortes, rescate, paro, deuda… Y en el caso de las obras de Ingeniería también se comprometerá la seguridad de las personas”.
Por ello, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia solicita al Gobierno que sea sensible con la demanda social de aumento de la seguridad en las obras e instalaciones de Ingeniería, algo que desgraciadamente se ha vuelto a poner de manifiesto tras la tragedia del accidente ferroviario de Santiago de Compostela en el que, según indican las versiones oficiales, todas las medidas de control y de seguridad posibles estaban en manos de una única persona. “No entendemos que la ministra de Fomento anuncie en el Congreso que van a revisar los requisitos de acceso a la profesión de maquinista y al mismo tiempo nadie controle se pretenda eliminar todos los controles a la hora de ejercer como ingeniero”, indica José Manuel Durán, quien se pregunta “por qué el Gobierno no es coherente y mantiene también las mismas exigencias de seguridad para los proyectos de Ingeniería”.
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