El CGCOII denuncia la falta de visitas a los inmuebles, la venta o alquiler de inmuebles sin la etiqueta energética, y precios de la certificación energética que no garantizan su calidad y utilidad
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, CGCOII está detectando el incumplimiento del Real Decreto 235/2013 que regula la certificación energética obligatoria para la venta y alquiler de inmuebles.
El Consejo advierte de que se están expidiendo certificados de eficiencia energética de edificios sin que el técnico visite presencialmente el inmueble y realice mediciones de eficiencia energética que exige la norma, como el consumo de energía, las emisiones de CO2, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico, el gasto de calefacción, estudio de sombras, así como la envolvente térmica.
Se estima que para realizar estas mediciones de manera eficaz son necesarias, de manera orientativa, una media de entre 6 y 8 horas para una vivienda de 120 m2. El presidente del CGCOII, Jesús Rodríguez Cortezo, alerta de que “se está produciendo una devaluación del certificado energético. Se están emitiendo certificaciones con unos precios por servicio que no garantizan la precisión exhaustiva necesaria, ni la medición presencial de quien la realiza. Esta práctica perjudica al propietario ya que podrá obtener una etiqueta energética que no se corresponda con la eficiencia real de su inmueble y podría ser sancionado”.
Además, la norma que regula la certificación recoge la obligatoriedad de la exhibición de la etiqueta de certificación en la publicidad, oferta o promoción (anuncios) de los inmuebles en venta o alquiler. Un hecho que se está incumpliendo de forma reiterada desde que el pasado 1 de junio entrase en vigor la normativa.
Otras malas prácticas que vulneran el R.D. se dan en los casos en los que de antemano se garantiza al propietario o arrendador una certificación energética determinada.
El incumplimiento de la norma establece sanciones leves y graves para los técnicos que expidan la certificación y los propietarios y arrendadores de inmuebles, que oscilan entre los 300 y 6.000 euros.
Se considera sanción leve anunciar la venta o alquiler de un inmueble sin mencionar la certificación energética. Constituye infracción grave alquilar o vender un inmueble sin la certificación, informar de que un inmueble cuenta con la etiqueta energética sin haberla obtenido o falsear la categoría obtenida.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales reclama a las administraciones autonómicas competentes a que activen mecanismos de inspección y control que garanticen que el certificado energético sea útil, preciso y de calidad.
El presidente del CGCII, Jesús Rodríguez Cortezo, asegura que “es imprescindible el control y cumplimiento de este Real Decreto porque de lo contrario el certificado energético se convertirá en una tasa innecesaria e inútil”.
Una certificación en línea con la UE
El 40% del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los edificios. El Consejo Europeo destacó la necesidad de aumentar la eficiencia energética en la Unión y marcó el objetivo de reducir un 20% el consumo energético en 2020.
El objetivo de la certificación energética que regula la nueva normativa española es fomentar el ahorro y la eficiencia energética informando al arrendatario o comprador sobre el gasto en energía y emisiones de CO2 de un inmueble.
Con una validez de diez años, la certificación también plantea posibilidades de mejora de la eficacia energética del inmueble. La etiqueta energética es un elemento de la certificación que divide en categorías en orden, descendente de la “A” a la “G” el consumo de energía y emisiones de CO2.
Como no, la astucia española tenía que salir a flote en estos casos, pero además descarado, porque encontramos empresas que te cobran un ojo de la cara por la obtención del certificado y otras que prácticamente te lo regalan como si fuera el muñequito del huevo kinder…
Por lo que si estáis buscando una empresa de confianza para que lleve a cabo este servicio, lo ideal es hacer una búsqueda previa y seleccionar a una de todas las que te ofrezcan un precio que no se encuentre entre los extremos anteriormente mencionados.
Saludos.
Dado el nivel de picaresca que se está alcanzando con este asunto, es fundamental que las administraciones autonómicas comiencen a ejercer su labor de control y sanción que el RD 235/2013 les encomienda.