Constructorio

Para la AHE un juez es el que debe decidir si una claúsula es abusiva

marzo 25
10:06 2013

A través de un comunicado, la Asociación Hipotecaria Española se posiciona en relación la Sentencia del Tribunal de Justicia de laUE de 14 de marzo de 2013

Para la Asociación Hipotecaria Española la sentencia del TJUE era previsible tras el documento de Conclusiones del Abogado General. Así, mediante un comunicado, explica que dotar al deudor de más posibilidades de oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria  ‐ como pueda ser el considerar que alguna cláusula es abusiva  ‐ que supongan una suspensión cautelar y temporal del proceso, debería ser perfectamente asumible por nuestro ordenamiento jurídico, “nuestras autoridades tendrán que realizar las modificaciones legales necesarias para que el deudor pueda invocar más motivos de oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria”.

Además, para la Asociación Hipotecaria Española, a pesar de que la norma sea perfectible de acuerdo con la sentencia del TJUE y deba incorporar cambios que doten al deudor de un mecanismo más eficaz y una mayor protección, en nuestro país los procesos de ejecución hipotecaria y la legislación hipotecaria vigente no deben ser clasificados como “ilegales” o abusivos en su generalidad. Así la Asociación Hipotecaria Española recuerda que los tribunales nacionales, e incluso el Tribunal Constitucional, en reiteradas ocasiones se han pronunciado sobre su idoneidad, y opina que habría que demostrar que realmente los contratos han contenido cláusulas abusivas.

El carácter abusivo de una cláusula ha de ser específicamente declarado en sede judicial.

En este sentido, la Asociación Hipotecaria Española aclarara que la sentencia del TJUE no se pronuncia sobre si las cláusulas de intereses de demora de los préstamos, las de vencimiento anticipado en caso de impago de una cuota y la de liquidación unilateral de la deuda por la entidad de crédito son abusivas. Únicamente manifiesta que en cada caso será el juez competente quien lo determine en base a la legislación nacional y a unos criterios generales proporcionados por el Tribunal.




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