El miércoles 15 de Enero de 2014, después de dos años de trabajo, el Parlamento Europeo aprobó las Directivas europeas que regirán la legislación de Contratación Pública en sus estados miembros
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva. Esto permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones. Además, facilitarán que las pymes puedan presentar ofertas e incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación.
La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.
Las autoridades públicas gastan alrededor del 18 por ciento del PIB en la contratación de obras, bienes o servicios, lo que las convierte en motores importantes a la hora de alcanzar metas sociales concretas. “Las nuevas normas son una señal fuerte para los ciudadanos, que tienen derecho a saber que el dinero de la contratación pública se utiliza de manera eficaz”, ha dicho el ponente del PE sobre contratación, Marc Tarabella (S&D, Bélgica).
“Las nuevas normas sobre concesiones también envían una señal fuerte en favor del refuerzo del mercado interior. Éstas crean un marco adecuado del que van a beneficiarse todos los actores, incluyendo las autoridades públicas, los agentes económicos y, al final, los ciudadanos de la UE. Ahora todos conocerán las reglas del juego”, ha añadido el ponente sobre contratos de concesión, Philippe Juvin (PPE, FR).
Mejor relación calidad-precio
Gracias a los nuevos criterios, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. “Los nuevos criterios pondrán fin a la dictadura del mejor postor y, una vez más, harán de la calidad una cuestión fundamental”, ha explicado Tarabella.
Menos burocracia para los licitadores y mejor acceso para las pymes
El proceso de licitación para las compañías será más simple, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario, lo que permitirá que sólo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original. Esto debe reducir la carga administrativa de las empresas en más de un 80 por ciento, según las estimaciones de la Comisión. Las nuevas normas también incentivarán la división de los contratos en distintos lotes para facilitar la participación de las pymes.
Soluciones más innovadoras
Los eurodiputados han defendido con éxito la introducción de un procedimiento completamente nuevo para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública. Las nuevas “asociaciones para la innovación” permitirán a las autoridades públicas abrir licitaciones para problemas específicos sin anticipar la solución de los mismos, lo que deja margen a la autoridad contratante y al licitador para que propongan ellos mismos los remedios.
Normas más estrictas para la subcontratación
Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.
Privatización de servicios públicos
El acuerdo destaca que las Estados miembros siguen teniendo la libertad para decidir cómo deben llevarse a cabo las obras públicas o funcionar los servicios públicos, bien sea de manera interna o bien externalizando a empresas privadas. En este sentido, la nueva directiva no exige la privatización de las empresas que presten servicios al público, según el texto adoptado. Además, los eurodiputados reconocen el carácter particular del agua como bien público, por lo que han aceptado la exclusión de este sector del ámbito de aplicación de las nuevas normas.
Próximos pasos
Los Estados miembros dispondrán de 2 años para transponer las disposiciones de las nuevas normas a sus respectivas legislaciones nacionales.
El texto sobre contratación ha sido aprobado por 618 votos a favor, 36 en contra y 26 abstenciones. El de concesiones ha obtenido 598 votos a favor, frente a 60 en contra y 18 abstenciones.