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Índice de referencia del alquiler de Cataluña, más que un índice de referencia

Enero 27
09:53 2017

El índice de referencia del alquiler no sólo pretende moderar los incrementos de los precios del alquiler, si no que en caso de ser superado penalizará a la hora de solicitar ayudas y fiscalmente

Tal y como informábamos hace unos días, el Gobierno de Cataluña creará las próximas semanas, a través de un decreto, un índice de referencia de las rentas de alquiler y adoptará medidas de protección a los consumidores para los nuevos alquileres que establezcan rentas superiores a este indicador. 

“Queremos llevar adelante de forma inmediata la creación de un índice de referencia del precio del alquiler, a través de un decreto de Gobierno, que dará transparencia al mercado de alquiler y también permitirá modular los incrementos exagerados del alquiler que se puedan producir” , ha explicado la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs.

El Gobierno pretende que esta medida pueda moderar los incrementos de los precios del alquiler que se están produciendo en ciudades como Barcelona y el área metropolitana, ya la vez contribuya a mejorar la rehabilitación de las viviendas para ponerlos en alquiler, mejorando así la oferta existente.

Según Borrás,  “esta es una iniciativa pionera en el Estado”,  producto del estudio riguroso de ” medidas que ya se están desarrollando en otros países del mundo”  y que se convertirá en una  “herramienta muy sólida”  para que los ayuntamientos y otras administraciones puedan trabajar.

La consejera ha explicado que se trata de  “medidas directas al servicio de propietarios e inquilinos”  y que abren  “la posibilitar otras acciones que podrán desarrollar los ayuntamientos, a través de bonificaciones en el IBI, y el Estado, que puede actuar sobre el IRPF o el Impuesto de sociedades “.

Estas acciones quieren fomentar un mayor equilibrio entre derechos y deberes de inquilinos y propietarios y ofrecerles más garantías de acceso a la información para establecer un precio adecuado a las características del piso. Asimismo, según comentó, se pretende que estas medidas no desincentiven a los propietarios a alquilar los pisos y eviten decantarse por la venta de la propiedad.

Incentivos y beneficios fiscales

En cuanto al nuevo indicador que el Gobierno creará, en caso de que el propietario establezca una renta superior a este nuevo indicador, esto deberá constar en la publicidad de alquiler y el contrato de arrendamiento, y los condicionará el acceso a las ayudas del Plan de la Vivienda de Cataluña. Por otra parte, el Gobierno pedirá la implicación de los Ayuntamientos que se acojan al índice, y también al Estado, para que con los instrumentos de política fiscal -a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) , el Impuesto sobre la Renta (IRPF) o el Impuesto sobre Sociedades (IS) -, se pueda beneficiar o penalizar los alquileres que se encuentren por debajo o por encima de este indicador.

Este índice será de acceso libre a través de la página web con el fin de garantizar la máxima transparencia. El establecimiento de los precios del metro cuadrado del índice se determinarán en base a las del registro de fianzas del Incasòl. En la determinación del Índice se dará audiencia a los profesionales del sector, ya las asociaciones e instituciones que agrupen propietarios y arrendatarios más representativas. Cada dos años se procederá a la actualización de los precios de referencia por m2 del Índice y cada 4 años se procederá a la revisión de los criterios de elaboración.

Se trata de una medida urgente que el Gobierno aplicará para equilibrar los precios del alquiler, y que se prevé que se pueda salir adelante en cuestión de semanas. En paralelo a la creación de este índice, el Gobierno utilizará las conclusiones y los criterios del grupo de trabajo para elaborar una Ley que presentará en 9 meses, de acuerdo con la Ley 4/2016, que permitirá desplegar a fondo otros acciones clave en este ámbito.

El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado diciembre por unanimidad esta Ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, que ya incluía este compromiso del Gobierno para redactar una ley para regular el alquiler en Cataluña en un plazo de 9 meses.

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