Este nuevo índice de referencia del alquiler se elaborará a partir de los contratos depositados en el Incasòl y se basará en criterios como la superficie, la ubicación o el estado de conservación de la vivienda
- Meritxell Borràs ha explicado esta tarde las principales conclusiones del grupo de trabajo impulsado por el Gobierno para fijar los criterios para una futura legislación del alquiler
- La Ley que el Gobierno presentará dentro de 9 meses incluirá la creación de un registro de alquileres de Cataluña con objetivos estadísticos para identificar malas prácticas en el arrendamiento, entre otras cuestiones
La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha presidido esta tarde la última reunión del grupo de trabajo impulsado por el Gobierno para fijar los criterios que deben servir de base para una futura legislación sobre los arrendamientos urbanos. En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha explicado las principales conclusiones del grupo y las acciones inmediatas que el Gobierno emprenderá en esta línea.
La consejera Borràs ha anunciado que el Gobierno creará las próximas semanas, a través de un decreto, un índice de referencia de las rentas de alquiler en Cataluña y adoptará medidas de protección a los consumidores para los nuevos alquileres que establezcan rentas superiores a este indicador. “Queremos llevar adelante de forma inmediata la creación de un índice de referencia del precio del alquiler, a través de un decreto de Gobierno, que dará transparencia al mercado de alquiler y también permitirá modular los incrementos exagerados del alquiler que se puedan producir” , ha explicado la consellera.
La titular de Gobernación ha indicado que el Gobierno pretende que esta medida pueda moderar los incrementos de los precios del alquiler que se están produciendo en ciudades como Barcelona y el área metropolitana, ya la vez contribuya a mejorar la rehabilitación de las viviendas para ponerlos en alquiler, mejorando así la oferta existente.
Según Borrás, “esta es una iniciativa pionera en el Estado”, producto del estudio riguroso de ” medidas que ya se están desarrollando en otros países del mundo” y que se convertirá en una “herramienta muy sólida” para que los ayuntamientos y otras administraciones puedan trabajar.
La consejera ha explicado que se trata de “medidas directas al servicio de propietarios e inquilinos” y que abren “la posibilitar otras acciones que podrán desarrollar los ayuntamientos, a través de bonificaciones en el IBI, y el Estado, que puede actuar sobre el IRPF o el Impuesto de sociedades “.
Borràs ha asegurado que estas acciones quieren fomentar un mayor equilibrio entre derechos y deberes de inquilinos y propietarios y ofrecerles más garantías de acceso a la información para establecer un precio adecuado a las características del piso. Asimismo, según comentó, se pretende que estas medidas no desincentiven a los propietarios a alquilar los pisos y eviten decantarse por la venta de la propiedad.
“El Gobierno de la Generalitat quiere exprimir al máximo sus competencias en este ámbito”, ha proseguido la consejera. “Más allá de nuestras competencias, el Gobierno no ofrece sólo palabras y pide a los demás que hagan cosas, sino que toma compromisos serios y actúa de verdad proponiendo medidas en el ámbito del alquiler” , añadió.
Incentivos y beneficios fiscales según las rentas
En cuanto al nuevo indicador que el Gobierno creará, Borràs ha apuntado también que, en caso de que el propietario establezca una renta superior a este nuevo indicador, esto deberá constar en la publicidad de alquiler y el contrato de arrendamiento, y los condicionará el acceso a las ayudas del Plan de la Vivienda de Cataluña. Por otra parte, el Gobierno pedirá la implicación de los Ayuntamientos que se acojan al índice, y también al Estado, para que con los instrumentos de política fiscal -a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) , el Impuesto sobre la Renta (IRPF) o el Impuesto sobre Sociedades (IS) -, se pueda beneficiar o penalizar los alquileres que se encuentren por debajo o por encima de este indicador.
Este índice será de acceso libre a través de la página web con el fin de garantizar la máxima transparencia. El establecimiento de los precios del metro cuadrado del índice se determinarán en base a las del registro de fianzas del Incasòl. En la determinación del Índice se dará audiencia a los profesionales del sector, ya las asociaciones e instituciones que agrupen propietarios y arrendatarios más representativas. Cada dos años se procederá a la actualización de los precios de referencia por m2 del Índice y cada 4 años se procederá a la revisión de los criterios de elaboración.
Se trata de una medida urgente que el Gobierno aplicará para equilibrar los precios del alquiler, y que se prevé que se pueda salir adelante en cuestión de semanas. En paralelo a la creación de este índice, el Gobierno utilizará las conclusiones y los criterios del grupo de trabajo para elaborar una Ley que presentará en 9 meses, de acuerdo con la Ley 4/2016, que permitirá desplegar a fondo otros acciones clave en este ámbito.
El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado diciembre por unanimidad esta Ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, que ya incluía este compromiso del Gobierno para redactar una ley para regular el alquiler en Cataluña en un plazo de 9 meses.
Conclusiones del grupo de trabajo para fijar los criterios para una futura legislación sobre el alquiler
Promover un cambio del marco legal sobre el alquiler es uno de los objetivos del Gobierno anunciados el año pasado por la consejera, que se comprometió a valorar las posibilidades de elaborar y aplicar una ley de arrendamientos urbanos catalana.
Con este objetivo, el Gobierno creó el pasado mes de septiembre un grupo de trabajo para fijar los criterios para una futura legislación sobre los arrendamientos urbanos. Este grupo ha mantenido ocho reuniones los últimos cuatro meses y ha abordado los principales retos en el ámbito del alquiler tomando como referencia la normativa vigente en varios países europeos avanzados en materia de vivienda, como Alemania, Austria y Francia.
La creación del Índice de referencia de las rentas de alquiler forma parte de las conclusiones de este grupo de trabajo, que fundamentalmente apuntan que hay que buscar mecanismos legislativos que acerquen Cataluña los estándares europeos en la promoción y protección del alquiler y facilitar la ciudadanía la percepción del alquiler como alternativa real para la vivienda. Así, por ejemplo, la legislación debería determinar nuevos plazos de duración que incentiven el alquiler y, en este sentido, se propone una temporalidad mínima de 5 años más 3 años de prórroga, con la posibilidad de abrir un contrato de larga duración que dé estabilidad y garantías a inquilinos y propietarios, y que puede ser de entre 15 y 25 años.
El grupo propone también crear el Registro de alquileres de Cataluña (RLC), que podrá ser nutrido por parte tanto de arrendadores como de arrendatarios, con fines estadísticos para identificar, entre otros, malas prácticas en el alquiler. En esta línea, podrá recoger las sentencias firmes y laudos arbitrales firmes de impagos de alquileres de vivienda de primera residencia, así como de sentencias firmes de delitos y sanciones administrativas firmes. Se propone que este registro tenga naturaleza administrativa, eficacia declarativa y formato electrónico con acceso libre previa acreditación de interés legítimo en la consulta. En todo caso se respetará la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Durante las reuniones se han trabajado también cuestiones como las causas de resolución del contrato por parte del arrendador o el desistimiento por parte del arrendatario; el depósito y las garantías para el arrendador; el régimen de gastos corrientes de la vivienda; los mecanismos de mediación y de arbitraje; los derechos de adquisición preferente; las circunstancias en caso de venta de la vivienda alquilada; y el régimen de obras y reparaciones necesarias y de gastos útiles o de mejora de la vivienda.
Además, el grupo propone que, con respecto a la cesión y el subarriendo, se permita que el arrendatario pueda establecer un subarriendo total o parcial de la vivienda hasta un máximo de 9 meses en caso de los contratos temporales de 5 años más 3 de prórroga, o bien de 5 años de subarrendamiento en caso de los contratos de larga duración, siempre que el uso sea para primera residencia.
Las conclusiones tratan también los derechos legales de subrogación, y es que con el fin de adaptar la normativa de arrendamientos a las nuevas formas de familia, hay que buscar nuevas fórmulas que faciliten la permanencia en la vivienda de personas que ya convivían con el arrendatario, protegiendo especialmente los más vulnerables.
El grupo de trabajo para fijar los criterios para una futura legislación sobre el alquiler impulsado por el Gobierno ha sido coordinado por la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Por parte de Gobernación, han formado parte el secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, y el director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Jaume Fornt. También ha participado economistas, la Universidad de Barcelona, el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, la Fundación Hábitat 3, el Observatorio DESC, la Plataforma por una Vivienda Digna, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, el Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, el Asociación de Promotores de Cataluña, Gestores de Vivienda Social de Cataluña, la Compañía Española de Viviendas de Alquiler y Solvia.