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Una veintena de municipios granadinos se suman al Programa en Defensa de la Vivienda para luchar contra los desahucios

marzo 06
20:21 2013

La oficina de Granada evita 83 desalojos en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 19 municipios de Granada el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento creado por su departamento que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Los ayuntamiento de la provincia que hoy se han sumado a esta “bloque institucional para defender el derecho a la vivienda”, como ha afirmado Cortés, son Albolote, Almegíjar, Armilla, Atarfe, Cúllar Vega, Deifontes, Freila, Las Gabias, Íllora, La Malahá, Maracena, Moclín, Moraleda de Zafayona, Orce, Peligros, Píñar, Polopos, Santa Fe y Víznar. “Estos alcaldes y alcaldesas han demostrado que la política municipal puede ponerse del lado de las víctimas de la crisis y frente a las entidades financieras”, ha añadido.

La consejera ha recordado que con estos 19 municipios ya son 69 los que constituyen en Andalucía el “frente institucional contra los desahucios”. “E iremos, paso a paso, ensanchando y fortaleciendo ese bloque”, ha añadido. A los 69 ayuntamientos se suman la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Cortés ha subrayado que la propia relatora de la ONU especializada en la materia ha denunciado que “el derecho a la vivienda está siendo sistemáticamente pisoteado en España, donde cientos de miles de familias han quedado hipotecadas de por vida y, tras perder su empleo, no pueden hacer frente a ese compromiso”. “Ante situaciones de emergencia, las administraciones deben adoptar medidas de emergencia”, ha afirmado la consejera.

En este sentido, ha precisado que “aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas”, lo que sí está haciendo su departamento es un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias para “plantar cara con todos los instrumentos a su alcance a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas y rompiendo la neutralidad institucional” entre la familia y la entidad financiera, ya que existe entre ambas partes “un abismo de privilegios y de estatus a favor de los bancos”. Además, ha explicado que “en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda”, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, del 8 de octubre del pasado año al 25 de enero, evitaron 969 desahucios en toda Andalucía.

Resultados en Granada

Durante los primeros tres meses y medio de funcionamiento, la oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Granada (acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y con sede en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda) evitó 83 desahucios.

En total la oficina tramitó 118 expedientes, de los que 22 correspondieron al ámbito de la prevención, 83 al área de la intermediación y 13 a la de protección.

En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Estas 22 familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente la amenaza del derecho a la vivienda.

La intermediación es el servicio más demandado por los granadinos y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios. De las 83 familias atendidas, la oficina ha resuelto ya favorablemente 40 casos, garantizando que estas familias se mantengan en sus viviendas, y 43 se encuentran abiertos con expectativas favorables de resolución. “Hay 40 casos resueltos. Pero esto no significa que los otros 43 estén resueltos desfavorablemente, sino que siguen en tramitación”, ha puntualizado la consejera. “Cuando nació este Programa el objetivo que se planteaba era que nadie que acudiera a nosotros perdiera su vivienda, y lo hemos conseguido. Estas 83 familias siguen en sus casas”, ha afirmado la consejera, que ha explicado que las fórmulas de acuerdo tras la negociación con las entidades financieras abarcan amortizaciones de capital, ampliaciones de carencia en la amortización, daciones en pago y alquileres sociales, entre otras.

Las 13 familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Granada está comprobando si los afectados ya desahuciados que acuden en la fase de protección han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.

Cortés ha realizado un llamamiento a las personas que se encuentren en riesgo de desahucio para que “pierdan la vergüenza y el miedo por la situación en la que se encuentran y acudan a la oficina antidesahucios”. “Y que informen de estas oficinas a las personas que conozcan en esta situación”, ha pedido a la ciudadanía. Cortés ha afirmado que “el discurso de culpabilización de la víctima de la crisis enarbolado por la derecha ha causado por desgracia enormes efectos”, por lo que ha insistido en que “quien debe sentir vergüenza son los Gobiernos que han permitido esta situación”.

La consejera ha detallado otros ejemplos que reflejan la política de compromiso del Gobierno autonómico con el derecho a la vivienda, como la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo. Avanzó además que otros pasos más se darán en el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación, “con un marcado carácter más social y transformador que el anterior y que contará con la impronta de quien hace política escuchando a la calle, atendiendo a las víctimas de la crisis”, ha afirmado. “La vivienda no puede ser una mercancía, un simple producto hipotecario, debemos hacerlo todo para que se configure como un derecho humano inalienable”, ha añadido.

Detalles del convenio

El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual. “Con estos acuerdos, el servicio que presta nuestra oficina en Granada llega a más puntos de la provincia, con más facilidad”, ha señalado Cortés, que ha animado al resto de alcaldes y alcaldesas de la provincia a firmar el acuerdo.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.




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