A pesar que desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se muestran positivos con respecto a la certificación energética, consideran que la obligación de estar en posesión del certificado energético es «una nueva tasa que gravará el alquiler o venta de viviendas»
La Organización de Usuarios y consumidores (OCU) considera que el cargo de este nuevo certificado, que según indican en nota de prensa rondará los 300 euros, no debe recaer en los ciudadanos, sino en la Administración.
La Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Existentes, aplicada desde hace años en numerosos países de la Unión Europea, obligará a todos los propietarios de inmuebles que quieran venderlos o alquilarlos, con una duración superior a cuatro meses, a disponer de un certificado energético del inmueble desde el 1 de junio de 2013. La norma llegará con cinco meses de retraso, pues estaba contemplado que entrara en vigor el pasado 1 de enero.
La aprobación de la medida llega acompañada de medidas de estímulo, que se recogen en el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que conlleva una inversión hasta el año 2016 de 2.300 millones de euros. De ellos, se destinarán 1.500 millones a facilitar el acceso a la vivienda y 627 a la rehabilitación, regeneración y eficiencia energética. Con ello se pretende posibilitar la reactivación del sector de la construcción y una mejora en la calidad de nuestro parque inmobiliario.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dan la bienvenida a este tipo de medidas, que suponen ayudas y futuros ahorros para los ciudadanos al tiempo que permiten al país dinamizar la economía y cumplir con los objetivos ambientales marcados por la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, instan a que el cargo de este nuevo certificado, que puede rondar los 300 euros, no recaiga en los ciudadanos, sino que sea la administración pública quien haga frente a este nuevo desembolso.