La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura seguirá garantizando que los colectivos más vulnerables puedan tener acceso a una vivienda digna
El Gobierno de Extremadura quiere recordar que desde que comenzaron los primeros lanzamientos en viviendas sociales, la consejería ha seguido y ha actuado bajo criterios racionales, sociales y legales, ajustados a derecho, tal y como se estipula desde la Comisión Técnica de Intervención Social de Viviendas.
Además, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas y financieras, se han adoptado medidas para paliar la situación de aquellas familias más desfavorecidas por los efectos de la crisis económica.
De esta manera, el pasado 22 de marzo entró en vigor la modificación del decreto por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas sociales, donde se establece la posibilidad de eximir del pago de la renta, por un periodo máximo de dos años, a aquellas familias que hayan visto reducidos sus ingresos por los efectos de la crisis económica.
Por ello, y teniendo en cuenta la máxima de que las viviendas sociales deben estar en manos de quien realmente las necesite, el Gobierno de Extremadura va a continuar desde el rigor y la seriedad optimizando y ofreciendo el Parque de Vivienda pública a los extremeños que más lo necesiten.
Ocupación ilegal
Teniendo en cuenta las peticiones de paralización de varios desahucios registradas por la Plataforma Stop Desahucios en la Consejería de Fomento, esta Administración quiere dar a conocer que se refieren a expedientes iniciados a tres unidades familiares que mantienen ocupadas de manera “ilegal” otras tantas viviendas de promoción pública propiedad del Gobierno de Extremadura en la ciudad de Mérida.
Estos expedientes ya han sido puestos en conocimiento de los tres grupos políticos representados en la Cámara regional, después de que Valentín García y Víctor Casco avalasen en sede parlamentaria las peticiones de este colectivo.
En la ciudad de Mérida existe actualmente un proceso abierto de adjudicación al que se han presentado un total de 354 personas, y hechos como el refrendado por esta plataforma, dificultan que ciudadanos que han solicitado una vivienda puedan tener acceso a ella.
Desde el inicio de la actual legislatura, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo ha invertido 31,9 millones de euros en el Parque Público de Viviendas con los que se han podido entregar 372 viviendas sociales nuevas, y se han podido rehabilitar y reparar para entregar otras 100.