Con la finalidad de atender a los ciudadanos que se encuentran en riesgo de perder su vivienda o tienen dificultades para atender las obligaciones de pago, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca y el Colegio de Abogados de Huesca ponen en marcha una oficina, que se ubicará en el edificio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Huesca, para informar y asesorar a los habitantes de la capital oscense. Una iniciativa que se enmarca en el Plan de Gestión Social de la Vivienda impulsado por el Ejecutivo autónomo para atender a los colectivos más vulnerables.
El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, la alcaldesa de Huesca, Ana Alós y el decano del Colegio de Abogados de Huesca, Alberto Allepuz han rubricado el convenio para dar una respuesta coordinada a los ciudadanos que como consecuencia de situaciones imprevistas han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones para poder permanecer o acceder a una vivienda.
Rafael Fernández de Alarcón ha subrayado la importancia de esta colaboración que se suma a las Unidades de Gestión Social de la Vivienda puestas en marcha en las tres capitales de provincia “porque el ayuntamiento ha tenido interés de trabajar especialmente en esta materia y para nosotros es afortunado poder contar con ellos en esta gestión y también con el Colegio de Abogados de Huesca”, ha detallado.
Asimismo, el consejero de Obras Públicas ha explicado que próximamente se firmará una adenda con el Ayuntamiento de Huesca por la que se convertirá en entidad colaboradora de la red de bolsas de alquiler social que impulsa el Gobierno de Aragón “consiste en que los propietarios cedan al Gobierno de Aragón las viviendas vacias con la garantía de que van a cobrar la renta si las alquilamos para beneficiarios de alquiler social, y que las viviendas van a estar cuidadas con la garantía del Gobierno de Aragón y, por otro lado, abrimos una lista de beneficiarios, personas que no llegan a poder pagar la vivienda”, ha matizado.
Con la firma del convenio con el Ayuntamiento de Huesca, ambas instituciones pretenden prevenir y en su caso reducir los efectos de riesgo de desahucio que sufre la población de Huesca, asociados a la imposibilidad de pago de las cuotas hipotecarias de sus viviendas. Así, se ofrecerá información, apoyo y asesoramiento a los ciudadanos empadronados y residentes en la ciudad de Huesca, que lo soliciten, efectuando medidas de intermediación dirigidas a mejorar su situación y facilitar la permanencia en la vivienda, así como la búsqueda de alternativas de alojamiento accesibles a su situación.
En función del acuerdo a el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes aportará 24.000 euros que se abonarán al consistorio oscense para hacer frente a los gastos que se generen y para sufragar la prestación del Colegio de Abogados de Huesca. A su vez el Ayuntamiento de Huesca pondrá en servicio una oficina de atención al público en la ciudad, en dependencias municipales y aportará el personal necesario para su funcionamiento. El consistorio solicitará y colaborará en la intervención del colegio de abogados, como instrumento de asesoramiento y mediación con las entidades bancarias de una forma profesionalizada.
Por otro lado, el Colegio de Abogados prestará la asesoría jurídica necesaria, mediante la asignación de abogados en ejercicio, que contarán con la especialización necesaria para prestar el servicio de resolución de conflictos, a que se refiere este convenio y realizará un seguimiento de los mismos.
El convenio incluye la creación de una Comisión de Mediación Hipotecaria integrada por las tres entidades como órgano de seguimiento, participacióny asesoramiento en la gestión del Proyecto de Mediación Hipotecaria. También, esta comisión impulsará y realizará en su caso las gestiones necesarias para facilitar la concertación con las principales entidades bancariasimplicadas, ofreciendo un cauce preventivo, facilitando la búsqueda de acuerdos y ofreciendo una forma de articular su adhesión al Código de Buenas Prácticas Bancarias.
Una medida que se suma al conjunto de actuaciones que el Gobierno de Aragón está desarrollando en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda, como es el caso de la red de bolsas de alquiler social que está impulsando el Departamento de Obras Públicas para proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran con dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.