Constructorio

El Gobierno Catalan impulsa el Plan para el Derecho a la Vivienda, que pretende facilitar el acceso y evitar la exclusión social

febrero 20
10:13 2013

Se aprueba un nuevo plan del derecho a la vivienda para facilitar el acceso y evitar la exclusión social

El Gobierno quiere pasar de “la protección de las viviendas” a “la protección de los ciudadanos” 

Con este objetivo, ha iniciado los trabajos de redacción de un nuevo plan para el derecho de la vivienda, que prioriza los programas sociales de acceso a la vivienda para evitar la exclusión social de las personas más desfavorecidas, “en sintonía con las reivindicaciones que muchos ciudadanos han hecho este fin de semana ” . Así lo ha explicado el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

De acuerdo con el segundo eje de actuación, el Gobierno ha constatado la necesidad de impulsar el sector de la construcción residencial para facilitar la existencia de una oferta suficiente y al mismo tiempo para recuperar el empleo de este sector la actividad económica.

Los principios básicos serán impulsar la rehabilitación, recuperar la promoción residencial en zonas sin stock y con demanda acreditada, priorizar el alquiler junto con las tenencias intermedias y mantener la finalidad social.

Las medidas previstas para impulsar el sector de la construcción son:

  • Incentivar la recuperación de la promoción de vivienda protegida nueva

Flexibiliza tanto las tipologías de VPO como los regímenes de tenencia, los plazos de calificación de una vivienda como protegida y los procedimientos de adjudicación. Modifica el sistema de precios de la vivienda protegida de compraventa, que ahora se fijarán a partir de los precios de alquiler de mercado de cada zona.

  • Promover la rehabilitación

Prioriza las actuaciones de rehabilitación por patologías estructurales, por motivos energéticos, de accesibilidad y de adecuación tecnológica. Establece que las obras de rehabilitación sólo podrán disfrutar de ayudas si se evidencia que no son consecuencia de una falta del deber de conservación por parte de los propietarios del edificio. Obliga a los solicitantes de ayudas a la rehabilitación que consignen los plazos de inicio y finalización de las obras.

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