Constructorio

El Defensor del Pueblo con las familias desahuciadas

marzo 25
23:00 2013

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado el Informe Anual de la Institución correspondiente al año 2012 en el que se señala la situación especialmente preocupante de las familias desahuciadas que precisan una vivienda  con carácter urgente.

Así, el Informe incluye las quejas de familias que, afectadas por el  desempleo de varios de sus miembros y tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir  en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo.

Esta Institución admitió a trámite este tipo de quejas y en algunos los casos, logró que las  administraciones ofrecieran una solución a estas familias. Las administraciones públicas suelen alegar la insuficiencia de viviendas públicas  disponibles para hacer frente a la creciente demanda existente. Se ha constatado que  existe un importante número de viviendas en manos de esas administraciones que no  están adjudicadas. Se iniciaron investigaciones de oficio con las 17 comunidades  autónomas y con las ciudades de Ceuta y Melilla, que ya han contestado a los  requerimientos de la Institución. También se ha solicitado información a los 10 municipios  españoles con más de 350.000 habitantes.

Con toda la información recogida se está preparando un informe monográfico,  que será presentado próximamente. Con él se pretende seguir aportando propuestas  que ayuden a paliar la situación que viven muchas personas que, como consecuencia de  la crisis, han perdido sus hogares.

En opinión de la Institución, muchas de las viviendas  de protección pública vacías podrían ser alquiladas a bajos precios.

A pesar de la supresión de la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes (RBE) para nuevos solicitantes, aunque se mantiene para los que ya la tenían concedida,  se recibieron un 73% más de quejas que en 2011. En sus escritos, los ciudadanos  mostraban su disconformidad con la supresión de esta ayuda y denunciaban demoras en  el pago de la misma. Con independencia de la tramitación de las quejas individuales por  demora, se consideró oportuno iniciar una investigación de oficio con la Dirección  General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para conocer las  causas que han producido retrasos en los pagos y las previsiones de regularización de  esta situación.




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