Sólo el 40% de los edificios de la Administración General del Estado de España cuenta con el certificado de eficiencia energética, según un informe de la organización europea Coalición por el Ahorro Energético
El informe analiza los planes y los inventarios que los países comunitarios han entregado a la Comisión Europea, en cumplimiento del artículo 5 de la Directiva de Eficiencia Energética, el cual exige que entre 2014 y 2020 se rehabilite anualmente un 3% de la superficie total de los edificios públicos estatales o la puesta en marcha de medidas alternativas para alcanzar la misma cantidad de ahorro energético.
El estudio concluye que sólo 11 de los 28 países de la UE han decidido seguir el enfoque estándar y realizar rehabilitaciones energéticas de su parque edificatorio en propiedad y de cualquier delegación de su administración central, de manera que esto cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos fijados en la directiva.
En cuanto a España, el informe subraya que la disponibilidad de los certificados de eficiencia energética de los edificios del Gobierno español es “moderada”, al alcanzar sólo el 40% de la totalidad de los edificios inventariados, de manera que seis de cada 10 no cuentan con esa catalogación.
Además, el Gobierno español ha comunicado a la UE que va a adoptar un enfoque mixto, donde las medidas alternativas, como la publicación de guías de ahorro energético en los edificios públicos o la creación de una plataforma de formación online para las autoridades públicas, serán complementarias si el enfoque estándar que prevé la rehabilitación anual de 336.000 metros cuadrados de los edificios de la Administración General del Estado no entrega los ahorros requeridos.
Sin embargo, la Coalición por el Ahorro Energético indica que “si España quisiera utilizar el enfoque alternativo, debería haber notificado un objetivo de ahorro energético alternativo y una lista de medidas que permitan alcanzar esa meta, entre ellas la rehabilitación de edificios”.
En general, el informe recalca que las acciones planificadas y adoptadas hasta el momento en la mayoría de los países de la UE “no están a la altura de lo que se necesita” para evitar el derroche energético en los edificios estatales, con lo que los gobiernos, entre ellos el de España, han perdido la oportunidad de mostrar un liderazgo claro y acabar con esta situación.