El presidente Diego ha presentado esta iniciativa “atrevida y atractiva” que contará con una línea de financiación de 25 millones del Banco Santander
El Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición de los empresarios, de forma gratuita durante los primeros cinco años, todo el suelo industrial de propiedad pública existente en estos momentos en la región, concretamente 240.000 metros cuadrados, con la condición de que éstos pongan en marcha proyectos que generen inversión productiva y puestos de trabajo.
El presidente cántabro, Ignacio Diego, acompañado por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, y por el director territorial del Banco Santander, Carlos Hazas, ha informado hoy en rueda de prensa del contenido de una nueva iniciativa diseñada por su Ejecutivo para seguir avanzando en el proceso de “reindustrialización” de la Comunidad Autónoma.
La medida fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno y cuenta con una línea de financiación de 25 millones de euros por parte del Santander, que permitirá financiar a los interesados hasta el 70 por ciento de la inversión que efectúen en un periodo de 11 años.
Diego ha agradecido la implicación, una vez más, de la entidad bancaria con Cantabria y ha valorado la oportunidad que para los empresarios, cántabros o de fuera de la región, supone esta propuesta “atrevida y atractiva” que ha puesto en sus manos el Gobierno, que les ofrece la posibilidad de acometer un proyecto industrial en “condiciones inmejorables”.
El suelo industrial gratuito ofertado por el Gobierno, propiedad de la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), se encuentra en el Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles (79.546 m2) y los Parques Empresariales Besaya (45.381 m2), Alto Asón (83.509 m2) y Sámano (31.903 m2).
Diego ha destacado que este plan es una muestra más de que, ante la situación de crisis actual, el Gobierno está “activo” y adopta medidas “anticíclicas” que favorezcan el desarrollo de iniciativas empresariales y, por ende, la creación de empleo.
Además, y como resultado de la gestión del “buen Gobierno”, que ha permitido en los dos primeros años de legislatura compatibilizar el equilibrio de las cuentas públicas con el mantenimiento de los servicios esenciales en parámetros de calidad, el presidente ha asegurado que la Administración cántabra “es hoy sostenible y capaz de proponer rebajas fiscales en beneficio de familias y empresas”.
Ignacio Diego se ha referido a la situación que se encontró cuanto tomó posesión en el cargo en 2011, cuando había en la región 300.000 metros cuadrados de suelo industrial sin vender. Según ha explicado, la superficie de suelo vendida entre los años 2009 y 2010 fue tan sólo de 3.000 metros cuadrados por el “escaso atractivo” de la oferta disponible, los altos precios y las restricciones contractuales que se daban entonces.
Para revertir esta situación, su Gobierno puso en marcha el Plan de Choque de Comercialización de Suelo Industrial, que ha servido para que en estos dos primeros años de legislatura se hayan vendido 45.000 metros cuadrados de suelo, resultado que, a pesar de ser muy positivo en la coyuntura actual, el presidente sigue considerando “insuficiente”.
Finalmente, Diego ha recordado otras medidas puestas en marcha para la reactivación de la economía y el empleo en la región, como las líneas de crédito ICAF-BEI, el Plan Innpulsa o las ayudas a la innovación, a comerciantes, a autónomos y a emprendedores.
Detalles
Por su parte, Eduardo Arasti ha sido el encargado en explicar el contenido de esta iniciativa que utiliza la figura del derecho de superficie con opción a compra en un plazo de 50 años y contempla, en caso de no ejecutarse ésta, la reversión de la edificación construida al final de dicho periodo.
El Gobierno ha establecido un periodo de carencia de 5 años en el pago del canon anual que tendrán que satisfacer los empresarios, que se ha fijado en el 6 por ciento del precio del suelo más el IPC, y contempla también la posibilidad de la opción de compra anticipada.
El precio de compra se establecerá en función de la tasación de la parcela en el mercado más el IPC. Además, dicho precio podrá minorarse de acuerdo con las cantidades aportadas en concepto de canon, con un descuento del 90 por ciento de la cantidad abonada en el sexto año, el 80 por ciento en el séptimo, el 70 por ciento en el octavo y así sucesivamente.
Para evitar la posible especulación, el Ejecutivo ha tenido en consideración una serie de “salvaguardas”, como la vinculación de la gratuidad en el canon a un compromiso de inversión y empleo a corto plazo, en torno a los dos años; la extinción del derecho de superficie si no se construye en el plazo fijado o la restricción de los derechos de venta, retracto y tanteo.
Otra ventaja, según ha añadido Arasti, es que el propio derecho de superficie facilita el acceso a la financiación, dado que, al tratarse de un derecho real, es “hipotecable y transmisible”.
Los empresarios interesados tendrán ahora un periodo de seis meses, hasta el 30 de enero de 2014, para presentar sus proyectos.
Finalmente, Carlos Hazas ha felicitado al Gobierno cántabro por esta nueva iniciativa de fomento de la inversión empresarial y ha resaltado que el Santander ofrece también un año de carencia en el pago de la financiación por parte los empresarios.
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