El Gobierno de Cantabria ha aprobado la adopción de medidas con el fin de que la Administración dé una solución adecuada a las situaciones en las que existan actuaciones administrativas declaradas ilegales y que hagan necesario el derribo de edificaciones por resolución judicial o administrativa firme.

De esta forma, el Gobierno cántabro reacciona frente a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de abril, reiterando el compromiso de que ninguna familia quedará desamparada en este tema.

El primer punto del acuerdo hace un requerimiento a todos los órganos de la Administración regional competentes en la materia para que se inicien y se impulsen de oficio y de forma inmediata todos los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de actos de naturaleza urbanística cuya anulación depare perjuicios a terceros adquirientes de buena fe.

El segundo punto recoge la disposición de trabajar en el impulso de las medidas legislativas necesarias que permitan dar cumplimiento a la propuesta de ejecución de sentencias que el Gobierno firmó en septiembre de 2011 con los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera.

El tercer y último apartado del acuerdo es requerir a la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria para que ponga de manifiesto ante los órganos judiciales su voluntad de cumplir con las sentencias y de asumir la responsabilidad de ejecutarlas.

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