El Gobierno de Cantabria dice que, con la nueva Ley, en un año 450 viviendas pueden tener autorización provisional
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha reunido esta mañana con miembros de la asociación AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) para informarles desde un primer momento sobre el proyecto de Ley que el Gobierno de Cantabria aprobó durante su última reunión.
Fernández ha explicado que este proyecto de Ley que espera que se convierta en Ley «como muy tarde en junio» cree que puede ser una solución para las familias afectadas por sentencias de derribo. «En el plazo de un año, y visto el estado de tramitación de los planeamientos, 450 viviendas pueden contar con autorización provisional lo que va a colocar dentro de la legalidad a estas viviendas», ha dicho.
El titular de Urbanismo ha reiterado que hablan siempre de «autorizaciones o legalizaciones provisionales porque siempre serán construcciones que queden bajo el control de los órganos judiciales». En este sentido el vicepresidente de AMA, Ciriaco García, ha definido este anteproyecto de Ley como «buena noticia» y ahora espera que se cumpla, «que sea una realidad ya y deje de ser ciencia ficción».
A este respecto Fernández ha matizado que hasta la fecha siempre desde el Gobierno se había transmitido a los afectados un mensaje de esperanza «pero creo que ahora hay razones fundadas para transmitirles un mensaje de ilusión en la mayoría de los casos». «El compromiso es muy claro» ha repetido, «en un año 450 viviendas con autorización provisional, en lo que queda de año pueden alcanzar la autorización provisional, a la vista del estado de tramitación de planes, unas 300 viviendas y en el primer semestre del año que viene otras 150. Por tanto, 450 viviendas pueden estar provisionalmente legalizadas en un año.
Se trata de 621 viviendas y según el titular de Urbanismo hay alrededor de 170 viviendas que no tienen encaje en los planeamientos, hoy por hoy, que están en tramitación. «Contamos, por tanto, con la delimitación de las mismas, de las 170 102 son viviendas de la Arena que además tienen una solución consensuada», ha explicado. En este sentido, ha comentado hasta la fecha el Gobierno había transmitido a los afectados por las sentencias siempre calendarios a medio y largo plazo ahora «creo que hay un cambio cualitativo porque lo que ponemos ahora encima de la mesa son compromisos a corto plazo».
Para Fernández se habla «siempre» de autorizaciones o legalizaciones provisionales porque, en su opinión, siempre serán construcciones que queden bajo el control de los órganos judiciales. «Cuando los planes generales se aprueben definitivamente, estas viviendas tienen que seguir cumpliendo los requisitos de legalidad, pero si los cumplen en el momento de la aprobación inicial lo lógico es que lo cumplan en el momento de la aprobación definitiva», ha explicado. «De esta manera», ha continuado, «los jueces van a poder controlar esta cuestión, tanto en el momento de la aprobación inicial, porque para eso se dictarán actos administrativos como son las autorizaciones provisionales, como cuando los planes se aprueben y se vayan otorgando las correspondientes licencias».
El consejero ha dicho hay que hay que tener en cuenta que todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo tienen que respetar, tanto las sentencias, como la capacidad de los jueces de decidir la ejecución de esas sentencias. «Creo que hemos encontrado un mecanismo jurídico que puede conjugar ese derecho, que debe ser total y sin limitaciones de los jueces de ejecutar las sentencias, como el derecho de los afectados a que sus viviendas puedan ir encajando dentro de la legalidad».