El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado hoy que la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988
Ramos ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en la que ha precisado determinadas cuestiones de la nueva regulación de la costa española, aprobada ayer por el Parlamento.
El Secretario de Estado ha subrayado que cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir “sentido común” en el litoral y proteger los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados por la anterior ley de 1988.
Ha explicado que, con esta reforma, el Gobierno ha actuado ante un “problema social”, ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90 por ciento se encuentra en una situación irregular. Por esta razón, ha argumentado que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta a la realidad sobre la que vivimos”.
Proteger los derechos de las personas y defender el litoral
En este sentido, ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas a las que se les dará una mejor regulación, pero estos cambios en la normativa “en ningún caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía”.
Ramos, además, ha puntualizado que en esta zona se autorizarán las obras necesarias para su mejora y modernización siempre que no impliquen un incremento ni en altura de las edificaciones ni de su volumen.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público, ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por las que no deben estar incluidos en el dominio público. “Hemos sido extraordinariamente rigurosos”, ha añadido, asegurando que se ha tenido en cuenta “que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral”.
Asimismo, entre otros puntos relevantes de la Ley, Ramos ha destacado que por primera vez la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.
Ramos ha detallado la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada Comunidad Autónoma con litoral, unas cifras que revelan la situación de “limbo jurídico o de alegalidad” del 90 por ciento de las construcciones y ocupaciones existentes. “Se trata de uno de los problemas más grandes y enquistados de la Administración española, y esta reforma de la Ley va dirigida a ponerle remedio”, ha destacado el Secretario de Estado.
Datos por Comunidad Autónoma
En Galicia existen 4.962 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 351 de ellas con licencia de concesión. Del total de ocupaciones, más de 500 son viviendas, con unas 2.000 personas afectadas residentes en esas viviendas.
En Asturias, hay 1.195 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 139 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay 118 viviendas (con 472 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay 2.179 viviendas más (con 8.716 residentes).
En Cantabria, hay 813 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con 221 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay 71 viviendas (284 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay 1.500 viviendas más (unos 6.000 residentes).
En País Vasco, hay 3.356 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 442 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay 636 viviendas (con 2.544 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay 7.286 viviendas más (con 29.144 residentes).
En Cataluña, hay 5.129 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 430 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay unas 2.000 viviendas (8.000 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay más de 20.0000 viviendas más (con más de 80.000 ocupantes).
En la Comunidad Valenciana, hay 6.448 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 697 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay unas 3.000 viviendas (con unos 12.000 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay más de 42.0000 viviendas más (con más de 170.000 ocupantes).
En la Regiónde Murcia, hay 1.912 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 324 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay 655 viviendas (con 2.620 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay 6.552 viviendas más (con 26.208 residentes).
En Andalucía, hay 10.337 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 966 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay 3.604 viviendas (con 14.416 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay unas 25.000 viviendas más (con unos 100.000 residentes).
En las Islas Baleares, hay 941 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con 509 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay más de 400 viviendas (con más de 1.600 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay casi 7.000 viviendas más (con unos 28.000 residentes).
En las Islas Canarias, hay 4.846 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con solo 195 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio público, hay unas 2.800 viviendas (con más de 11.000 ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay unas 15.000 viviendas más (con unos 60.000 residentes).