Constructorio

Aragón destinará 2,7 millones de euros para alquileres sociales y ayudas a inquilinos

marzo 14
21:19 2013

El Ejecutivo autónomo solicita a los ciudadanos que aporten sus inmuebles vacios. A los cedentes se les garantiza el cobro de las rentas, la asistencia jurídica y la reparación de los desperfectos

La directora general de Vivienda ha presentado en Teruel el proyecto de creación de bolsas de viviendas, con arrendamientos adaptados a los ingresos. La iniciativa está enmarcada en el Plan de Gestión Social de la Vivienda

Con la finalidad de que toda la persona que lo necesite tenga vivienda, el Gobierno de Aragón está impulsando la creación y regulación de una red de bolsas de viviendas para alquiler social que podrán ser gestionadas por el propio Gobierno de Aragón o a través de entidades colaboradoras, en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda. El Ejecutivo autónomo va a destinar en torno a 2,7 millones de euros para este proyecto de decreto ( 2 millones de euros para alquiler social y 700.000 para la nueva convocatoria de ayudas a inquilinos)  que comienza su tramitación y que será presentado en el próximo Foro de la Vivienda que se celebra el 20 marzo.
Aragón destinará 2,7 millones de euros para alquileres sociales y ayudas a inquilinosLa directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Belén Corcoy ha presentado esta iniciativa en Teruel para ayudar a quienes tienen dificultades para acceder a la vivienda y , al mismo tiempo,   solicitar  a los ciudadanos que dispongan de viviendas vacias sin utilizar que las aporten a estas bolsas con las que se intenta dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La directora general de Vivienda ha explicado que esta iniciativa junto el Plan de Gestión Social de la Vivienda es una de las “prioridades de la dirección”. Belén Corcoy ha detallado algunas de las cuestiones principales que establece este decreto como la renta máxima que deberán pagan los arrendatarios“de 3 euros metro cuadrado como máximo,  con un límite máximo mensual de 300 euros, que podrá reducirse en función de la superficie y de las condiciones de la vivienda, y que  en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de la unidad de convivencia”, ha afirmado. También, la directora general de Vivienda y Rehabilitación ha detallado que existen garantías para el arrendador acerca del correcto estado y mantenimiento de su vivienda “lo que hará el Gobierno de Aragón es contratar, ya sea de forma directa o indirecta, las correspondientes pólizas de seguro para garantizar no sólo el cobro de la renta sino los posibles desperfectos”, ha apuntado.
El objetivo de este decreto, impulsado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, es proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran en dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban. Además, el Ejecutivo autónomo  garantizará a los cedentes de las viviendas el cobro de las rentas, la asistencia jurídica y la reparación de los desperfectos causados por el uso de las viviendas por los beneficiarios bien directamente o mediante la contratación de pólizas de seguro necesarias para cubrir esas contingencias. También,  el Gobierno de Aragón se hará cargo de la fianza arrendaticia que está obligado a abonar el arrendatario y hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos.
Como máximo los cedentes de viviendas podrán percibir una cantidad no superior a 4 euros el metro cuadrado de superficie útil con un límite máximo mensual de 400 euros, no obstante podrán establecerse otros límites inferiores en función de la localidad, tamaño y condiciones de la vivienda.  A su vez, la renta máxima a abonar por el arrendatario será de 3 €/m2 útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social. La diferencia entre las rentas de cobro y pago será abonada por el Gobierno de Aragón en función de la disponibilidad presupuestaria, salvo en los casos en los que la entidad gestora asuma una parte de los ingresos.
 
Esta bolsa estará integrada por viviendas aportadas por la propia Administración de la Comunidad Autónoma y por  otras administraciones públicas, por particulares que lo deseen, entidades financieras, así como por entidades no lucrativas. La gestión de la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social dependerá de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, como responsable de la gestión del Plan de Vivienda Social de Aragón, bien directamente, o bien indirectamente a través de entidades colaboradoras. Para ello, se podrá formalizar convenios con entidades financieras de crédito, otras administraciones públicas y con entidades sociales no lucrativas que hayan sido homologadas para ello por el órgano competente en materia de bienestar social,  con los requisitos y condiciones que se determinen.
Esta red estará conformada por distintas bolsas de viviendas que se constituirán en aquellos municipios de Aragón en los que exista demanda.
Para ser beneficiario de las viviendas el decreto establece que  alguno de los miembros de la unidad de convivencia debe estar empadronado en algún municipio de Aragón y percibir unos ingresos anuales por la unidad de convivencia no superiores a la cantidad de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que en la actualidad es de 532,51 euros.

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