MCA-UGT denuncia la pasividad del Gobierno para adoptar medidas urgentes que reactiven el sector de la construcción y contribuyan a salir de la crisis, a pesar de las dificultades por las que atraviesa y del altísimo nivel de desempleo que sufren sus trabajadores
Desde que el pasado 14 de octubre, Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), Federación de Industria, la Federación de la Construcción y la Madera de CC.OO. (FECOMA-CCOO, y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) presentaran el Foro Integral de la Construcción e hicieran llegar a los Ministerios de Fomento; de Industria, Energía y Turismo; de Economía y Competitividad; de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y de Empleo y Seguridad Social, y a todos los diputados y senadores de las Comisiones de Industria, Fomento, Empleo y Economía, el documento “Plataforma por la Consolidación del sector de la Construcción y su Contribución al Crecimiento”, que recoge las principales iniciativas consensuadas por los agentes sociales del sector, ningún representante del Gobierno se ha dirigido ni a los sindicatos ni a la patronal para fijar una reunión en la que puedan tratarse propuestas urgentes para revitalizar un sector que ha destruido más de 1.526.000 empleos y un 26% de las empresas existentes desde el año 2008.
MCA-UGT no entiende la indiferencia del Gobierno ante las dificultades que atraviesa el sector de la construcción y ante unas medidas de choque que podrían suponer la reactivación de la construcción y la creación de miles de puestos de trabajo a través de medidas como la potenciación de la inversión selectiva y planificada, la puesta en marcha de una política de infraestructuras integral y coordinada, la implantación de una política de vivienda ajusta a las necesidades y la aplicación de una política de rehabilitación integral de viviendas, entre otras medidas.
Ante estos datos, la Federación considera que la solución no pasa por seguir bajando los costes salariales, sino que es necesario que se estimule la demanda, especialmente en aquellas actividades que constituyen claros nichos de mercado y de generación de empleo, como son las infraestructuras y la rehabilitación de viviendas, ya que estamos ante un sector con una gran capacidad para generar empleo con rapidez, pero también para destruirlo.
MCA-UGT, FECOMA-CCOO y CNC estan convencidos de la necesidad de consolidar el papel del sector de la construcción en la economía y de que éste alcance una dimensión y configuración adecuadas tanto para “afrontar la salida de la crisis en las mejores condiciones como para lograr una estabilidad que le preserve de los vaivenes de los ciclos económicos.
Frente al silencio del Gobierno del PP, MCA-UGT, FECOMA-CCOO y CNC han mantenido ya una reunión con los parlamentarios socialistas de la Comisión de Industria, y han solicitado comparecer en las comisiones de Fomento, Industria, Economía y Empleo para explicar sus propuestas y recabar su apoyo a unas medidas dirigidas a reactivar el sector.
MCA-UGT lamenta que el Gobierno no haya tenido en cuenta las aportaciones de los agentes sociales durante el proceso de discusión de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 que, finalmente han sido aprobados sin incluir actuaciones que fomenten la reactivación del sector de la construcción y de la creación de empleo, y que van a seguir ahondando en la crisis que sufre el sector.
El documento “Plataforma por la Consolidación del sector de la Construcción y su Contribución al Crecimiento”, consensuado por MCA-UGT, FECOMA-CCOO y CNC y presentado el pasado 14 de octubre, recoge, entre otras, las siguientes propuestas:
- Potenciar una inversión pública selectiva y planificada, que constituye el arma más importante para potenciar el crecimiento, por su carácter anticíclico y su impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo.
- Profundizar en los mecanismos de la colaboración pública‐privada, elaborando pliegos concesionales y facilitando una legislación de captación de capitales y de contratación atractiva para los inversores.
- Resolver de forma definitiva el grave problema de morosidad de las Administraciones Públicas.
- Poner en marcha una política de infraestructuras integral y coordinada, que continúe reduciendo el diferencial con los países de la Eurozona y contemple un nuevo modelo de conservación y mantenimiento de las infraestructuras. En este sentido la inversión pública en esta materia no debe ser considerada como gasto y debería quedar fuera del cómputo del déficit. Por cada millón de euros invertidos, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000, bien como pago, por impuestos indirectos y directos o por aumento de recaudación de cotizaciones sociales.
- Apoyar decididamente a la internacionalización de las empresas, con especial atención a las pymes.
- Implantar una política de vivienda coordinada y ajustada a las necesidades que dé cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, centrándose en los siguientes objetivos:
- Dar salida al stock de vivienda, tanto libre como protegida, priorizando la primera residencia.
- Fomentar el alquiler, especialmente necesario para proporcionar vivienda a aquellas personas que no puedan acceder a la vivienda en propiedad.
- Agilizar y simplificar las gestiones administrativas, tanto para la concesión y pago de subvenciones como para la calificación y adjudicación de viviendas.
- Repartir de manera eficiente entre las Administraciones Públicas las competencias en materia de vivienda.
- Igualar la normativa técnica para todo tipo de vivienda.
- Una política de rehabilitación integral que dé cumplimiento a la necesidad de poner en valor, tanto económico como social, el patrimonio urbano, se ajuste a los requerimientos legislativos y atienda a las demandas de determinados colectivos en especiales circunstancias.
Para ello es preciso incidir en los siguientes aspectos:
- Una Estrategia Nacional de Reforma y Rehabilitación.
- Una sensibilización pública a través de una campaña de difusión sobre los beneficios de la rehabilitación.
- Un modelo de financiación ágil y simplificada que contemple diferentes fórmulas y vías de ayuda.
- Un modelo fiscal armonizado.
- Un modelo técnico coordinado donde se incluya tanto la participación de los agentes sociales sectoriales en la definición de las normas aplicables ‐para garantizar mayor rigor y cumplimiento de los niveles prestacionales‐ como el cumplimiento riguroso del Código Técnico de la Edificación y de los requerimientos ligados a las subvenciones.
- Una necesidad de coordinación con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales, en este ámbito.
- Una reactivación de las deducciones de IRPF por reforma de vivienda como medida de lucha contra la economía sumergida.
- Una convergencia de la Inspección Técnica de Edificios, el informe de evaluación y la certificación energética de los edificios, en un solo documento y con carácter obligatorio
- Adoptar como objetivos prioritarios los de la generación rápida y estable de empleo y el uso de productos y sistemas constructivos, todos ellos de calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, eficientes desde el punto de vista energético, procurando la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la accesibilidad de las personas.
- Teniendo en cuenta el impacto en el empleo y su retorno fiscal se deben impulsar actuaciones en los edificios de titularidad pública, con el objetivo de fomentar estas actuaciones en la iniciativa privada.
- Es necesaria una mayor cohesión entre las políticas públicas de las Comunidades Autónomas en materia urbanística, de vivienda y de suelo, así como de sus instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento y de los sistemas de actuación o ejecución contenidos en su normativa respectiva.
- Por último instaurar un modelo institucionalizado de Diálogo Social Tripartito, con vocación de permanencia, integrado por el Gobierno y los firmantes de esta plataforma, que permita la definición, coordinación y seguimiento de las iniciativas a adoptar.