Sindicatos y Patronal del Sector de la Construcción se unen para promover alternativas para reactivar el sector y generar empleo
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Federación Estatal de la Construcción, Madera y Afines de CCOO (FECOMA-CC.OO.) y Metal, Construcción y Afines de UGT, Federación de Industria (MCA-UGT) presentaron ayer en la sede del Consejo Económico y Social (CES) el Foro del Ciclo Integral de la Construcción, que tiene como objeto de realizar propuestas de cara a reducir, a corto y medio plazo, las cifras de desempleo y generar riqueza para que la economía española pueda cumplir con los compromisos contraídos tanto en la Unión Europea como con nuestra sociedad. Los agentes sociales presentaron también su primer documento con las conclusiones y medidas que se consideran más oportunas y necesarias a corto plazo (Documento del Foro).
Los agentes sociales representativos del sector de la construcción son conscientes del importante lugar que éste debe ocupar en la economía española, por su generación de PIB y de empleo así como por su cualidad de ser un gran consumidor de productos intermedios (materias primas, productos químicos, equipos electrónicos y eléctricos, etc.) y de servicios conexos.
La calidad de las obras de construcción tiene también una incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Es tan importante el rendimiento energético de los edificios y la eficacia de los recursos empleados en la producción como el transporte y el uso de los productos para la edificación e infraestructuras, los cuales tienen un impacto importante en la energía, el cambio climático, el medio ambiente y, en definitiva, en el progreso hacia una economía sostenible.
De todos es conocido el duro impacto que ha tenido la crisis económica sobre la industria de la construcción, y conviene hacer hincapié que salvaguardar la competitividad de lo que queda es un aspecto esencial, no sólo para el crecimiento económico y el empleo en general, sino también para asegurar la sostenibilidad del sector.
Convencidos de que con el apoyo de políticas adecuadas de estímulo de la demanda y fomento de las inversiones, la Construcción podría contribuir de manera significativa a la creación de empleo, aumentando su actividad en el ámbito de las infraestructuras y en otros tan prometedores como la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, CNC, FECOMA-CC.OO. y MCA-UGT han considerado oportuno poner en marcha un Foro en el que empresas y trabajadores se comprometan a realizar esfuerzos comunes, proponiendo ideas y soluciones de cara a impulsar de nuevo a nuestro sector, creando un punto de encuentro vivo en el que se puedan ir fraguando programas y estrategias, cimentando las bases del nuevo ciclo económico a través de un sector razonablemente dimensionado y sostenible, tanto en actividad como en desarrollo.
Los agentes sociales representativos del sector de la construcción –CNC, FECOMA-CCOO y MCA‐UGT– consideran necesario promover acciones que permitan paliar los efectos de la actual crisis en la industria de la construcción, así como favorecer su contribución al crecimiento de la economía, dado su capacidad de arrastre de otras actividades, tanto industriales como de servicios, y su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos.
El sector de la construcción engloba múltiples actividades que se pueden agrupar en dos grandes grupos. El primero el de actividad residencial, donde se incluye tanto la nueva construcción de viviendas como la rehabilitación de edificios, viviendas y núcleos urbanos; el segundo el de la creación y mantenimiento de infraestructuras, entendidas éstas en sentido amplío, incluyendo las sociales (educación, sanidad, etc.) y las económicas (comerciales, transportes, industria, telecomunicaciones, energía, agua, etc.).
La actual crisis económica ha puesto de manifiesto la fragilidad del modelo económico sustentado en exceso en la actividad inmobiliaria y las debilidades estructurales del propio sector de la construcción, que se evidencian en la pérdida de cinco puntos en su contribución al VAB, en la destrucción de más de 1.300.000 puestos de trabajos y en la desaparición del 26 por ciento de las empresas existentes. No obstante, debemos recordar que en 2012 el sector contribuía con el 9 por ciento del VAB y daba empleo a 775.499 afiliados a la Seguridad Social, de los que el 34 por ciento eran menores de 35 años y el 36 por ciento tenían estudios de formación profesional o universitaria.
Los agentes sociales del sector consideran que las actuaciones con efectos directos en la construcción han de centrarse en los siguientes aspectos:
- Potenciar una inversión pública selectiva y planificada, que constituye el arma más importante para potenciar el crecimiento, por su carácter anticíclico y su impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo
- Profundizar en los mecanismos de la colaboración pública‐privada, elaborando pliegos concesionales y facilitando una legislación de captación de capitales y de contratación atractiva para los inversores
- Resolver de forma definitiva el grave problema de morosidad de las Administraciones Públicas
- Poner en marcha una política de infraestructuras integral y coordinada, que continúe reduciendo el diferencial con los países de la Eurozona y contemple un nuevo modelo de conservación y mantenimiento de las infraestructuras. En este sentido la inversión pública en esta materia no debe ser considerada como gasto y debería quedar fuera del cómputo del déficit. Por cada millón de euros invertidos, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000, bien como pago, por impuestos indirectos y directos o por aumento de recaudación de cotizaciones sociales.
- Apoyar decididamente a la internacionalización de las empresas, con especial atención a las pymes
- Implantar una política de vivienda coordinada y ajustada a las necesidades que dé cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, centrándose en los siguientes objetivos:
- Dar salida al stock de vivienda, tanto libre como protegida, priorizando la primera residencia
- Fomentar el alquiler, especialmente necesario para proporcionar vivienda a aquellas personas que no puedan acceder a la vivienda en propiedad.
- Agilizar y simplificar las gestiones administrativas, tanto para la concesión y pago de subvenciones como para la calificación y adjudicación de viviendas.
- Repartir de manera eficiente entre las Administraciones Públicas las competencias en materia de vivienda.
- Igualar la normativa técnica para todo tipo de vivienda.
- Una política de rehabilitación integral que dé cumplimiento a la necesidad de poner en valor, tanto económico como social, el patrimonio urbano, se ajuste a los requerimientos legislativos y atienda a las demandas de determinados colectivos en especiales circunstancias.
Para ello es preciso incidir en los siguientes aspectos:
- Una Estrategia Nacional de Reforma y Rehabilitación.
- Una sensibilización pública a través de una campaña de difusión sobre los beneficios de la rehabilitación
- Un modelo de financiación ágil y simplificada que contemple diferentes fórmulas y vías de ayuda
- Un modelo fiscal armonizado.
- Un modelo técnico coordinado donde se incluya tanto la participación de los agentes sociales sectoriales en la definición de las normas aplicables ‐para garantizar mayor rigor y cumplimiento de los niveles prestacionales‐ como el cumplimiento riguroso del Código Técnico de la Edificación y de los requerimientos ligados a las subvenciones
- Una necesidad de coordinación con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales, en este ámbito
- Una reactivación de las deducciones de IRPF por reforma de vivienda como medida de lucha contra la economía sumergida
- Una convergencia de la Inspección Técnica de Edificios, el informe de evaluación y la certificación energética de los edificios, en un solo documento y con carácter obligatorio.
- Adoptar como objetivos prioritarios los de la generación rápida y estable de empleo y el uso de productos y sistemas constructivos, todos ellos de calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, eficientes desde el punto de vista energético, procurando la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la accesibilidad de las personas
- Teniendo en cuenta el impacto en el empleo y su retorno fiscal se deben impulsar actuaciones en los edificios de titularidad pública, con el objetivo de fomentar estas actuaciones en la iniciativa privada.
- Es necesaria una mayor cohesión entre las políticas públicas de las Comunidades Autónomas en materia urbanística, de vivienda y de suelo, así como de sus instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento y de los sistemas de actuación o ejecución contenidos en su normativa respectiva
- Por último instaurar un modelo institucionalizado de Diálogo Social Tripartito, con vocación de permanencia, integrado por el Gobierno y los firmantes de esta plataforma, que permita la definición, coordinación y seguimiento de las iniciativas a adoptar.