La CE propone una normativa para reducir los costes de instalación de la banda ancha

La Comisión Europea ha propuesto una nueva normativa para reducir en un 30 % el coste del despliegue de la Internet de alta velocidad. La obra civil, por ejemplo la excavación de zanjas para tender fibra, representa hasta el 80 % del coste del despliegue de las redes de alta velocidad. La propuesta de hoy puede ahorrar a las empresas entre 40 000 y 60 000 millones de euros.

La banda ancha de alta velocidad constituye la espina dorsal de las telecomunicaciones y, por extensión, del mercado único digital que la Comisión está intentando construir. Su despliegue se ve frenado actualmente por la diversidad de las disposiciones y prácticas administrativas a nivel nacional y subnacional. «En la mayoría de los lugares, la normativa vigente va en detrimento de la competitividad de Europa», ha declarado Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea.

El proyecto de Reglamento presentado hoy se basa en las mejores prácticas actualmente en uso en Alemania, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, pero deja en gran medida las cuestiones organizativas a la discreción de los Estados miembros.

Neelie Kroes ha declarado: «Todo el mundo tiene derecho a la banda ancha rápida. Quiero acabar con la burocracia que nos impide conseguirlo. La Comisión Europea desea que esa banda ancha resulte se pueda conseguir de modo más rápido y barato».

La normativa sería directamente aplicable en toda la UE una vez obtenida la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo.

La Comisión desea afrontar cuatro grandes problemas:

  • Garantizar que los edificios de nueva construcción o renovados están adaptados a la banda ancha de alta velocidad.
  • Abrir el acceso, en condiciones equitativas y razonables, incluidas las relativas al precio, a los conductos, cámaras subterráneas, bocas de acceso, distribuidores, postes, mástiles, instalaciones de antenas, torres y otras construcciones de apoyo.
  • Poner fin a la insuficiente coordinación de las obras civiles, permitiendo que cualquier operador de redes negocie acuerdos con otros suministradores de infraestructuras.
  • Simplificar el complejo y farragoso proceso de concesión de permisos, especialmente en el caso de mástiles y antenas, al establecer que los permisos deben concederse o denegarse por defecto en un plazo de seis meses y que las solicitudes deben efectuarse a través de un único punto de contacto.

Actualmente existe poca transparencia en cuanto a las infraestructuras físicas existentes adecuadas para el despliegue de la banda ancha y no se cuenta con una normativa comúnmente utilizada para desplegar la banda ancha en la UE. Por el momento, no existe un mercado de la infraestructura física ni la posibilidad de utilizar la infraestructura perteneciente a otras empresas de servicio público. La normativa de algunos Estados miembros incluso disuade a estas empresas de cooperar con los operadores de telecomunicaciones.

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