En 2013 la actividad de la construcción en España se reducirá entre un 9% y un 11% respecto a la actividad del pasado año, según el presidente de Seopan, Julián Núñez. El descenso afectará especialmente a la obra civil, que podría caer entre un -21% y un -25%.
Por su parte, la edificación podría retraerse entre un -4% y un -6%. Esta caída restará 1,1 puntos al PIB durante el presente año y, en el supuesto de no invertirse la tendencia actual, la contribución en 2004 seguirá siendo negativa, asegura la asociación que agrupa a las grandes constructoras.
Las infraestructuras no son el origen de la crisis
Julián Núñez afirma que “las infraestructuras no son el origen de la crisis española”. Entre 1995 y 202 el ratio de inversión pública español en términos reales de euros invertidos por km2 y millón de habitantes, ha sido coincidente con el de Alemania, menor que el de Francia (-7%) y muy inferior al de Reino Unido e Italia (-24% y -29%, respectivamente). Sin embargo -apunta- las infraestructuras soportan el 55% de la reducción del déficit público realizada en 2011 y 2012, “lo que ha llevado a la destrucción de 235.000 empleos en obra civil de 2010 a 2012, el 46% del total”.
Tras los recortes sufridos, los datos de Seopan prevén que en 2013-2014 España tendrá el menor ratio de inversión por superficie y población de la Unión Europea. Señalan que se quebrará el ritmo inversor de los últimos 18 años y que en los dos próximos años la inversión española será un 50% inferior a la italiana, un 51% menor que la alemana, un 55% menor que la francesa y un 60% menos que la del Reino Unido. “La reducción de inversión pública española en cuatro años, entre 2009 y 2013, es equivalente a la realizada en Alemania en 42 años”, afirma Núñez.
Desafíos de la obra civil
Seopan identifica Una serie de desafíos para el desarrollo de la obra civil en España. En primer lugar, resolver la morosidad de las Administraciones Públicas. También, atraer inversión extranjera para promover infraestructuras en régimen de colaboración público-privada, lo que requiere “resolver la situación crítica de las autopistas de peaje, dando cumplimiento a las medidas de reequilibrio acordadas desembolsando, los, préstamos participativos para pago de las expropiaciones y dotar la cuenta de compensación y desembolsar los préstamos participativos complementarios. Asimismo, piden que se resuelva el “actual problema de inseguridad jurídica, modificando el marco regulatorio y contractual”, especialmente en cuanto a la transmisión de riesgos al operador privado y a los términos y condiciones de los contratos (garantías, límites a la responsabilidad patrimonial de la Administración, requisitos documentales…); y que se propicie un marco tributario competitivo.
Solicitan el apoyo, mediante la garantía del estado, a la obtención de avales técnicos para la actividad de las empresas de infraestructuras en el exterior.
Anticipo en la ejecución de obras contratadas
Otro gran apartado vital para la obra pública es la contracción del presupuesto para 2014. En este sentido, proponen anticipar un tercio de la cartera de obras contratada y pendiente de ejecutar (8.000 millones de euros) , adicional a una inversión similar a la de 2013 (10.021 millones). Estas medidas, implicarían, según Seopan, la creación de 144.000 nuevos puestos de trabajo y un retorno fiscal de unos 5.000 milllones. En este sentido, se muestra crítica la posición de Bruselas respecto a la flexibilización del déficit público, ya que “el problema de esta inversión no es de tesorería, sino de déficit público”, asegura Núñez.
Peajes para pagar el mantenimiento de autovías y autopistas
Sepan propone también, “desarrollar a medio plazo un nuevo modelo de conservación y mantenimiento de las infraestructuras basado en la tarificación por uso”, en la línea de implantar “peajes blandos” expresada recientemente por la patronal de las concesionarias (Aseta). Según la patronal de las grandes constructoras, podrían ingresarse por este concepto unos 3.000 millones de euros anuales y dedicarse 1/3 de los mismos a la adopción de medidas paliativas para el sector del transporte y los 2/3 restantes al mantenimiento y conservación de la red existente.