Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria han recibido el apoyo de los administradores de fincas colegiados para impulsar en España la anhelada regulación de la intermediación inmobiliaria
Esta regulación de las profesiones inmobiliarias establecería las obligaciones de los agentes inmobiliarios, definiría con claridad la contratación de éstos con los clientes, y garantizaría en todo caso una actuación profesional diligente para salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
Los consejos generales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Administradores de Fincas Colegiados han decidido intensificar las relaciones entre ambas profesiones enmarcadas en el sector inmobiliario y poner en marcha líneas de trabajo conjuntas. Este acuerdo se ha alcanzado en la reunión mantenida entre los responsables de ambas entidades de ámbito estatal, celebrada en la sede del Consejo General API en Madrid.
El presidente del Consejo General API, Diego Galiano, manifiesta que “con el cambio de ciclo inmobiliario y la normalización del sector, tras ocho años de crisis, es el momento idóneo para que los poderes públicos se involucren en crear un nuevo marco jurídico nacional de la intermediación inmobiliaria que reporte transparencia y seguridad a los consumidores y usuarios, especialmente en materia de vivienda”. Además, señala que “es inconcebible” que por un lado se defienda la vivienda como bien de primera necesidad con una función social evidente, y por otro lado se permita el descontrol y desorden en el acceso a la misma, “con todo tipo de intermediarios que no necesitan acreditar ninguna capacitación”, añade.
En este sentido ambas instituciones coinciden en que hay que profundizar en la formación específica de los profesionales, considerando, en palabras de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, “que los colegios profesionales deben jugar un papel esencial, y ambos Consejos Generales estamos dispuestos a colaborar en los planes formativos. Además, hemos analizado cuestiones como la expedición por el Administrador de Fincas Colegiado del certificado que acredita que un determinado propietario está al corriente en los gastos comunitarios, necesario para la titulación pública de las compraventas de fincas urbanas en régimen de propiedad horizontal”.
Ambas corporaciones han decidido colaborar para conseguir una comunicación más fluida entre el API y el Administrador de Fincas Colegiado. Diego Galiano manifiesta que “somos profesiones muy vinculadas y lo lógico y deseable es que trabajemos juntos por el bienestar de los profesionales y del conjunto de los ciudadanos”.