La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei ) estima que cerca de un 20% de los mediadores inmobiliarios que operan en Cataluña lo hace de forma ilegal
Según el comunicado de Apei, se incumplen los requisitos que marca el gobierno catalán para garantizar la protección del consumidor y las buenas prácticas profesionales. Se trata de oficinas que no constan en el Registro obligatorio y oficial de Agentes Inmobiliarios, AICAT, o bien mediadores “free-lance” que trabajan desde el domicilio particular.
La Apei alerta de un repunte del intrusismo profesional en los últimos meses y pide que se apliquen las sanciones previstas en el Código de Consumo de Cataluña, con multas de a partir de 3.000 euros. Por otro lado, la Apei asegura que hay un elevado desconocimiento entre los ciudadanos del Registro de Agentes Inmobiliarios y en qué los beneficia.
En marzo se cumplen 4 años de la entrada en vigor en Cataluña del Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios (AICAT). Una norma pionera en España para regular la mediación inmobiliaria aplaudida por asociaciones y colegios profesionales del sector y que en estos momentos cuenta con unos 4.900 agentes registrados. Sin embargo, según estima la Apei, cerca de un 20% de mediadores inmobiliarios que opera en Catalunya lo hace todavía de forma ilegal. Se incumplen los requisitos exigidos a los agentes inmobiliarios catalanes como disponer de los seguros de Caución y Responsabilidad Civil, tener un establecimiento abierto al público, acreditar capacitación profesional y estar inscrito en el Registro oficial.
Agencias abiertas al público sin estar dadas de alta en el AICAT, mediadores “free lance” que sólo cuentan con un teléfono móvil y trabajan desde casa, y ,en las zonas de la costa, extranjeros que ejercen como mediadores inmobiliarios sin cumplir ningún requisito son los perfiles del intrusismo profesional que experimenta un repunte en los últimos meses.
Según la Apei, los motivos del elevado intrusismo son “por un lado, la crisis económica que hace que mantener abierto un establecimiento resulte especialmente caro y , por otro, la falta de información ciudadana. El consumidor en su mayor parte desconoce la existencia del Registro y de qué le sirve. Por lo tanto no lo exige”.
Para los Expertos Inmobiliarios aún hay otro factor que entra en juego: “una aplicación laxa del régimen sancionador prevista para el intrusismo”. Las sanciones para este tipo de irregularidades están establecidas en la Ley 22/2010 de 22 de julio del Código de Consumo de Cataluña. Para las infracciones leves se establecen multas de entre 3.000 y 10.000 euros. La Apei no tiene conocimiento de que se hayan aplicado sanción alguna por incumplir la legislación vigente en materia de mediación inmobiliaria.