Así se desprende del estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), entre las 17 comunidades autónomas españolas, cuando apenas han transcurridos ocho meses desde la implantación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, en vigor desde el 1 de junio de 2013.
Este diagnóstico, realizado desde junio (fecha de aplicación de la normativa) hasta finales de diciembre de 2013, a través de los canales de información más utilizados por los ciudadanos (página web, consulta telefónica y petición escrita a la administración autonómica competente en la materia) desvela, entre otros aspectos, el escaso número de comunidades autónomas (CCAA) que explican con claridad y en un lenguaje accesible el objeto de la normativa, que no es otro que ofrecer información sobre el comportamiento energético del inmueble.
“Se ha echado en falta que las CCAA aprovechen la implantación de esta nueva normativa para trasladar al ciudadano las ventajas de contar con la información que ofrece la certificación de eficiencia energética, ya que será determinante para su toma de decisiones en la compraventa o alquiler de un inmueble”, destaca José Luis López, director del estudio Estado de la Información sobre la Certificación Energética de Edificios. “Solo así evitaremos que el ciudadano considere el certificado como un impuesto más”, insiste.
Se informa bien sobre aspectos básicos, pero no tanto acerca de los más específicos
A tenor de las puntuaciones obtenidas, los aspectos básicos de la normativa (plazos de duración del certificado, tasas, obligación de registrar, etc.), son bien tratados informativamente por todas las CCAA. Sin embargo,aspectos más específicos (supuestos en los que no se está obligado a obtener el certificado, infracciones y sanciones…) son abordados de forma menos completa.
La información relativa a sanciones y vigilancia del cumplimiento es uno de los apartados del estudio donde se ha detectado un déficit de información de forma generalizada, “pese a ser uno de los aspectos claves para que esta normativa se implante de forma adecuada”, afirma López. Quien añade: “A día de hoy la mayor parte de las CCAA no han definido un procedimiento de inspección específico, donde se definan aspectos como qué porcentaje de certificados están siendo revisados, cómo es el proceso de revisión, si se va a revisar únicamente lo que pone en el certificado o se va a hacer una nueva toma de datos en el edificio o vivienda”.
Uno de los apartados mejor tratados por las administraciones autonómicas ha sido el registro de las certificaciones energéticas, si bien no existen criterios homogéneos en lo que se refiere al procedimiento de registro o las tasas. “En este sentido, hubiese sido razonable plantear la creación de un registro telemático único”, sugiere el estudio elaborado por la ACA.
Caso aparte merece el capítulo dedicado a la existencia de un registro público de consulta de los certificados de eficiencia energética registrados. En el momento en que se cerró el análisis y muestreo de la información, sólo contaban con un registro público de consulta online las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. La Comunidad de Madrid sólo permite consultar el certificado al propietario, “situación que imposibilita al ciudadano contrastar la información de los edificios certificados en esta CCAA”, asegura López.
Aunque la cuestión del coste aproximado del certificado energético es una información que no se puede exigir a las CCAA, llama la atención que, además de ser uno de los aspectos sobre los que menos información han ofrecido, sus respuestas sean variopintas. Ocho comunidades autónomas indican precios situados en una horquilla que oscila entre los 50 y 300 euros.
Las comunidades que presentan unos mejores resultados en los tres análisis realizados (consulta web, escrita y telefónica) son Navarra, Castilla y León y País Vasco; seguidas por un segundo grupo de autonomías entre las que se encuentran Galicia, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Valencia y La Rioja. Por el contrario, las últimas posiciones del estudio corresponden a Aragón, Murcia, Canarias y Cantabria.
Aragón es la única comunidad autónoma que no tiene registropara los certificados de eficiencia energética emitidos en su región, “lo que ha condicionado su puntuación y posición en el análisis efectuado”, matiza López. “Además”, continúa, “esta circunstancia está impidiendo que el ciudadano cumpla con una de las obligaciones contempladas en el RD 235/2013, que es registrar el certificado de eficiencia energética”.
Desde la ACA reclaman a la Administración Central unaarmonización de los datos aportados por todas las comunidades. “Sería beneficioso no sólo para el ciudadano o el técnico, que con frecuencia tratará esta cuestión en edificios de diferentes comunidades autónomas, sino también a nivel estratégico, por ejemplo para la elaboración de estudios y para la planificación de políticas de vivienda”, concluye López.