El Poder Judicial ha escogido Galicia como primera Comunidad Autónoma para “protocolizar” las actuaciones de los jueces, de los servicios sociales municipales y de la propia Administración autonómica ante “el asfixiante drama de los desahucios”
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, agradeció hoy al Poder Judicial que escogiera Galicia como primera Comunidad Autónoma para “protocolizar” las actuaciones de los jueces, de los servicios sociales municipales y de la propia Administración autonómica ante “el asfixiante drama de los desahucios”. Así lo dijo el jefe del Gobierno gallego durante el acto de firma, esta mañana en Madrid, del convenio entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que los jueces se comprometen a alertar a la Administración autonómica cuando detecten “supuestos de especial vulnerabilidad” en los procesos de desalojo de la vivienda.
En su intervención, Feijóo resaltó que este acuerdo hace patente “la existencia de un horizonte común” entre el Poder Judicial, los ayuntamientos de toda Galicia y la Administración autonómica, que es el de “buscar el bienestar de los ciudadanos cuando tienen dificultades objetivas como es el caso de los desahucios”. En ese marco, puso en valor la “sensibilidad y el compromiso social” que muestra el CJPG al firmar este convenio, que certifica que esos valores son compatibles con la “independencia del Poder Judicial y de la aplicación del Estado de derecho”. Y remarcó, asimismo, el papel de los ayuntamientos, “que llevan los servicios sociales de base, que conocen a sus vecinos, que conocen las necesidades de cada barrio, las necesidades de cada familia”.
El titular de la Xunta destacó que el Gobierno gallego comenzó hace poco más de cuatro meses a legislatura con el compromiso de “atender los problemas reales que están ocurriendo en Galicia” y apuntó que, “aunque con menor énfasis y en menor número, lo cierto es que también en Galicia tenemos dificultades ante casos concretos de desahucios por ejecución hipotecaria o por impago de rentas de alquiler”.
Subrayó que por ese motivo, lo primero que hizo la Xunta fue poner 500 viviendas a disposición de las personas que sufran un desahucio, ya sea por impago de la hipoteca o de la renta. “Esas 500 viviendas, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad, –afirmó- estoy convencido de que se movilizarán de forma exponencial a partir de esta mañana en que, con el presidente del Consejo General de él Poder Judicial protocolizamos este acuerdo”.
Encender las alarmas de los servicios sociales
El titular de la Xunta explicó que, en virtud del convenio firmado hoy, cuando un juez detecte una “especial vulnerabilidad” en un afectado por un procedimiento de desahucio notificará este hecho a la Comunidad autónoma y, esta se pondrá en contacto con los servicios sociales de los ayuntamientos para procurar, “en primer lugar, una vivienda social y, en segundo lugar, una vivienda en alquiler”.
“Se trata, en consecuencia”, abundó Feijóo, “de encender las alarmas de la Administración autonómica y de los ayuntamientos gallegos para que, con un conocimiento directo de la autoridad judicial incluso antes de dictar una sentencia podamos activar todas nuestras capacidades para disminuir el impacto” de los procedimientos de desahucio.
El presidente gallego concluyó su intervención resaltando que “cada vez que una familia pierde su hogar se resienten los pilares de la convivencia”, por lo que subrayó la importancia de establecer con este convenio “un marco de la independencia del poder judicial pero con el compromiso del poder local y de la Administración autonómica en lo que se refiere al ámbito territorial de Galicia.”