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Herrera defiende el desarrollo del modelo de ordenación del territorio de Castilla y León como “una auténtica cuestión de Comunidad”

Diciembre 13
17:22 2016

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado hoy el acto de conmemoración del XXX Aniversario de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), donde ha insistido en la necesidad de alcanzar el mayor diálogo y consenso posible a la hora de culminar el proceso de ordenación del territorio de la Comunidad, que tendrá su último paso con la remisión a las Cortes del anteproyecto de Ley del Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, a lo largo del próximo mes de enero.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha defendido hoy el modelo de ordenación territorial que está desarrollando Castilla y León como “una auténtica cuestión de Comunidad”, puesto que pretende ofrecer a las entidades locales los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las competencias que tienen encomendadas y, de manera simultánea, coordinarlas mejor con la prestación de los servicios que el Ejecutivo autonómico tiene en el territorio. Este modelo de ordenación se encuentra en su última fase de desarrollo, con el Anteproyecto de Ley del Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, que beneficiarán directamente a los 900.000 castellanos y leoneses que viven en el amplio medio rural de Castilla y León, y que se sumarán a las 16 Áreas Funcionales Estables ya constituidas por los grandes núcleos urbanos de la Comunidad y sus entornos, en las que habitan los restantes 1.600.000 castellanos y leoneses.

Según ha destacado el presidente, se trata de una norma que va a garantizar los servicios esenciales que presta la Junta en el territorio, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales; que facilita el mantenimiento y financiación de las actuales mancomunidades y que con respecto a las nuevas mancomunidades de interés general, flexibiliza los criterios de su coincidencia con el Mapa de las Unidades Básicas Rurales.

Esta norma será el fruto de un gran esfuerzo de diálogo con todos los agentes interesados. En 2016, se ha expuesto a información ciudadana en el portal del Gobierno Abierto, para lo que se pidieron los informes a las 9 diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo y se ha dado audiencia a todos y cada uno de los 2.248 municipios de la Comunidad y al Consejo de Cooperación Local. Para su culminación, se están tramitando los informes del CES y del Consejo Consultivo, con la previsión de remitir a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley a lo largo de enero de 2017.

Con su aprobación, se posibilitará el desarrollo inmediato de instrumentos fundamentales para fomentar nuevas políticas para el equilibrio demográfico y económico dentro del territorio de la Comunidad, como serán las futuras Áreas Funcionales Estratégicas, el Plan Plurianual de Convergencia Interior que se elaborará sobre ellas y el Fondo Autonómico de Compensación con el que este plan se financiará anualmente.

Por ello, el presidente ha insistido en la necesidad del máximo diálogo y consenso posible para su aprobación y ha recordado que los principales grupos de las Cortes y la Junta se comprometieron firmemente en el Acuerdo de 22 de julio de 2015 a “continuar avanzando en el modelo de ordenación surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, especialmente en el Mapa de las Unidades Básicas Rurales”.

La FRMP, entidad de referencia en el mundo local

En todo este proceso, la FRMP, que el presidente ha definido como el principal interlocutor para la protección y promoción de los intereses comunes de las entidades locales en la Comunidad, ha sido un colaborador activo y fundamental a través de su participación en la Mesa de Ordenación del Territorio y en el grupo de trabajo creado para examinar el catálogo de las competencias de las futuras Mancomunidades de Interés General.

Asimismo, el presidente de la Junta también ha destacado la implicación de la FRMP en otra cuestión de gran importancia como es la creación de empleo. Precisamente el pasado mes de marzo se presentó en la sede de la Federación el Plan de Empleo Local, diseñado en el marco del Diálogo Social, que ha aportado 57,5 millones de euros a lo largo de este año para crear 7.500 puestos de trabajo a través de los ayuntamientos y diputaciones.

Por último, Herrera ha considerado imprescindible su colaboración a la hora de cumplir la previsión del Estatuto de Autonomía de regular por Ley el Gobierno y la Administración Local de Castilla y León, algo que está previsto se efectúe a lo largo de 2017 mediante la modificación de la actual Ley de Régimen Local de 1998 o, en su caso, a través de su sustitución por un texto nuevo.

En cuanto a los retos que se abren en este nuevo periodo político, el presidente de la Junta ha afirmado que el Gobierno de la nación recientemente constituido va a tener que afrontar dos cuestiones trascendentales, que desde Castilla y León se consideran como prioritarias y urgentes. Se trata, en primer lugar, de una nueva Ley local, que defina y asegure las competencias básicas de las entidades locales, con criterio, lógica y atendiendo las características de la correspondiente realidad territorial.

Y, en segundo lugar, de una nueva financiación local que dote de recursos suficientes a esas competencias, en necesaria coordinación con la financiación autonómica. En este punto, Herrera ha garantizado que la Junta continuará exigiendo al Gobierno que esa nueva financiación incorpore previsiones diferenciadas a favor de los pequeños municipios, puesto que su tamaño determina “deseconomías” de escala y encarece objetivamente, por más eficientes que sean los gestores, la prestación de los servicios públicos.

Por otro lado, el presidente de la Junta se ha comprometido a reunirse proximamente con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, así como con el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, con el objetivo de preparar la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista para el mes de enero y llevar así una postura común respecto a los principales intereses de la Comunidad, entre los que se incluyen los grandes retos del ámbito local mencionados.

 

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