La directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), María Martínez Allegue, y el alcalde del ayuntamiento coruñés de Ponteceso, José Luis Fondo Aguiar, firmaron hoy el convenio de adhesión que permite que el municipio delegue en la APLU el ejercicio de las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en relación con las obras y usos del suelo, que se ejecuten sin licencia urbanística o sin ajustarse a sus condiciones.
Las actuaciones tendrían que estar situadas en algunas de las siguientes clases de suelo: rústico y urbanizable, mientras no sea aprobado el correspondiente plan parcial o de sectorización, así como en el ámbito de los núcleos rurales delimitados.
La APLU es un ente público de naturaleza consorcial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios y plena autonomía en el cumplimiento de sus funciones, para el desarrollo en común por la Administración autonómica y los municipios que voluntariamente se integren en ella de las funciones de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo, y lo desempeño de cuantas otras competencias le asignan sus estatutos.
Ingresos compartidos
Los ingresos obtenidos por multas coercitivas y sanciones administrativas impuestas en ejercicio de las competencias delegadas serán repartidos a partes iguales de modo que el 50 por ciento pasará a la Administración autonómica y el 50 por ciento restante al ayuntamiento.
Hace falta señalar que la Agencia ejercerá estas responsabilidades desde el día siguiente al de la publicación del convenio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y se considera que la vigencia del convenio será indefinida. En esta delegación de competencias no se incluye la reposición de la legalidad ni la potestad sancionadora en relación con las obras completamente rematadas antes de la publicación de este convenio, que serán ejercidas por el ayuntamiento.
La resolución de los recursos administrativos interpuestos contra los actos emitidos por la agencia en ejercicio de competencias delegadas corresponderá al ayuntamiento.
Por último, el Ayuntamiento debe prestar la cooperación y asistencia activa que el organismo autonómico solicite, con el fin de llevar a cabo un eficaz ejercicio de sus competencias; tendrá también que facilitarle al personal de la Agencia el acceso inmediato a los expedientes de planeamento, gestión y disciplina urbanística, así como cuanta información, documentación y ayuda material precise para lo adecuado cumplimiento de sus funciones; y contribuir al sostenimiento económico de la Agencia en los términos que establece el citado convenio de adhesión.