Los integrantes de la plataforma en defensa de la construcción alertan de la difícil situación del sector y exigen a las Administraciones una inversión real basada en obras del ciclo integral del agua, mantenimiento carreteras, reactivación de trabajos paralizados, impulso de la red ferroviaria y rehabilitación energética de viviendas
La construcción sigue estando en una situación crítica. Es la voz de alarma que quieren dar los integrantes de la Plataforma en Defensa del Sector de Construcción en Andalucía tras la reunión de seguimiento mantenida esta mañana, para analizar la situación actual del sector y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las distintas Administraciones, a las que han planteado sus propuestas. Dicha plataforma –compuesta por sindicatos, asociaciones empresariales y profesionales relacionadas con la actividad- ha criticado la falta de compromiso e interés de las distintas Administraciones para poner en práctica algunas de sus doce propuestas para impulsar este sector que, recuerdan, es el único que puede generar empleo a corto plazo y ayudar al país a salir de la crisis.
Inmersos en su actividad, la Plataforma iniciará una ronda de contactos con los portavoces de los tres grupos políticos en el Parlamento de Andalucía y la Delegada del Gobierno central en Andalucía para presentarles sus propuestas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales para el próximo año. Insisten en la necesidad de que realmente se ejecuten las inversiones previstas en proyectos concretos de rehabilitación de viviendas y alquiler, obras del ciclo integral del agua, trabajos de eficiencia energética, reactivación de infraestructuras paralizadas, impulso de la red ferroviaria o tareas de mantenimiento de carreteras (que mantiene en situación de alegalidad a diferentes empresas y trabajadores a falta de la renovación de contratos).
La Plataforma en Defensa del Sector de Construcción, integrada por quince miembros, se constituyó con el fin de reactivar una actividad en la que se ha destruido casi el 75% del empleo. Proponen un plan de choque de inversión pública, la rehabilitación de viviendas, un Plan Renove para el Mueble, medidas de colaboración de inversión pública-privada, acuerdos entre colegios profesionales y Administración, nuevos mecanismos de financiación para el pago a proveedores o un mayor control sobre el cumplimento de la ley morosidad, entre otras cosas.