La aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) permitirá , según el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, tener resuelto en dos legislaturas el problema del planeamiento urbanístico
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las realizaciones que ha hecho su departamento en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio en estos dos años de legislatura.
Fernández ha enumerado los 6 Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que se han aprobado durante estos años: Santander, Puente Viesgo, San Miguel de Aguayo, Liendo, Cabezón de Liébana y Arnuero (este último a falta de unas pequeñas correcciones) y ha avanzado que el objetivo del Gobierno de Cantabria es llegar a los 20 planes aprobados en estos cuatros años.
En cuanto a los ayuntamientos “Top Ten” ha dicho que quieren dejar avanzados los de Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales. “En este momento estamos trabajando en unos 50 PGOU lo que significa que, en dos legislaturas, podremos tener definitivamente resuelto el tema del planeamiento urbanístico en Cantabria”. También se ha referido a los 40 catálogos rústicos aprobados en los ayuntamientos que no necesitan PGOU.
Durante su intervención, el consejero se ha referido al Plan de Ejecución de las Sentencias de Derribo y a la nueva Ley de Aprobación Provisional de Viviendas de las que ha dicho “en un año puede haber 100 con autorización previa”.Fernández ha recordado que a los pocos días de ejercer sus competencias en Ordenación del Territorio y Urbanismo ya se abordó “de forma muy directa” el problema de las viviendas que llevaban aparejadas órdenes de sentencias de derribo y ha definido a su departamento de pragmático, ya que tiene vocación de resolver los problemas de los ciudadanos de Cantabria en materia de urbanismo “buscando soluciones prácticas”.
“La primera actuación de esta Consejería fue, en un plazo muy corto, de tres meses, elaborar un Plan global para ejecutar las sentencias de derribo que consistía en una filosofía muy sencilla, intentar, por parte del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos, legalizar todas aquellas viviendas que encajasen dentro de los planes urbanísticos y dentro de la legalidad”, ha dicho. Para el consejero esta filosofía ha dado sus frutos y se ha hecho un esfuerzo para impulsar los planes generales de todos aquellos ayuntamientos afectados por estas sentencias y ha puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Arnuero.
Además el titular de Urbanismo ha adelantado que San Vicente de la Barquera va a aprobar, probablemente a finales de este año o a principios del que viene, su PGOU para resolver, entre otras cosas el problema de Santa Marina; el de Miengo en el mes de agosto va a hacer ya la aprobación inicial de su planeamiento y este mismo ayuntamiento va a ser donde primero se plantee una aplicación práctica de la figura de la Autorización Provisional de Viviendas con Orden de Derribo. En este sentido ha explicado que esta ley es pionera en España y “está preñada se sentido común”. “de las 600 viviendas afectadas por sentencias con orden de derribo, unas 100 podrán a cogerse a esta figura a partir de septiembre y en el plazo de un año unas 400 pueden estar bajo esta figura”. “A fecha de hoy este tema está encauzado y en vías de solución para el verano de 2014 prácticamente resuelto”, ha matizado”.
Otros de los ayuntamientos afectados con viviendas con orden de derribo es Escalante, que ya ha hecho un avance de su planeamiento con el que se busca solucionar el problema de Las Torres. En cuanto a Piélagos, el consejero ha dicho que “se está haciendo un esfuerzo especial en su planeamiento, que puede tener una aprobación inicial en 2013, que busca resolver problemas como los supuestos de Cerrias , El Cuco, N 05, y Entrelindes”. También se está trabajando en el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel para el PGOU de Argoños. Por tanto, lo que se planteaba en el plan de ejecución de sentencias se ha avanzado muchísimo en estos dos años y nos permite ver con mucha tranquilidad y con mucha más esperanza en el futuro.
En cuanto a las viviendas que no se encuentren acomodo en los planes y por tanto son viviendas que habrá que demoler: 102 en La Arena, de momento 17 en Cerrias, y algunas que tendrá que determinar el PGOU de Argoños, el consejero ha señalado que el Gobierno de Cantabria indemnizará a los propietarios antes de su demolición. “En la mayor parte sustitución de casa por casa y, cuando no sea posible garantizamos, desde el Gobierno, que antes de demoler habrá una previa indemnización”, ha reiterado.
Suelo rústico paralizado durante una década
Asimismo, el consejero se ha referido a la paralización que, en su opinión, ha habido en Cantabria durante la última década en el suelo rústico. “Hemos tenido una petrificación del suelo rústico, una paralización del mundo rural y desde este Gobierno se han dado los pasos necesarios para resolver este problema con la reforma legal del Régimen Jurídico del Suelo Rústico, una reforma acordada con todos los ayuntamiento”, ha señalado. Fernández ha explicado que en el plazo de un año que lleva vigente “se ha puesto de manifiesto que ha servido para resolver problemas” porque ya hay cerca de un centenar de viviendas autorizadas.
Otro de los puntos que ha repasado el consejero ha sido la reforma legal que ha permitido que los ayuntamientos vayan modificando sus Planes Generales y resolviendo aquellas cuestiones “que funcionaban mal”. “Cuando una norma no funciona lo que hay que hacer es sustituirla por otra para resolver el problema”, ha matizado.
Fracking
“La cuarta Ley que hemos aprobado en el Gobierno de Cantabria es la que prohíbe el uso de la fractura hidráulica siempre que existan incertidumbres con esta técnica”, y se ha referido a ella como una ley innovadora que ha sido seguida por otros Gobiernos, como el de La Rioja.
En estos momentos el departamento que dirige Javier Fernández está tramitando la Ley del Paisaje que ha tenido un amplio proceso de de participación y que se ha sometido a la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) como al CAMC (Consejo Asesor del Medio Ambiente). Después de esta tramitación, el responsable de Ordenación del Territorio ha adelantado que ya solo queda la tramitación administrativa que se hará en el mes de agosto para que, en este mismo mes, se pueda aprobar el Proyecto de Ley del Paisaje y que se envíe al Parlamento en el mes de septiembre. “Así, antes de finales año 2013, tendremos en Cantabria un instrumento legal que nos permita proteger el paisaje, pero sobre todo gestionarlo adecuadamente”.
Otros de los instrumentos normativos que se están revisando desde el Gobierno de Cantabria son la reforma Ley PSIRES (Planes Singulares de Interés Regional) y la Reforma Ley del Suelo. Esta última se trata, para Fernández, de una reforma muy en profundidad que afecta a todas las partes de la Ley del Suelo y que, por ese, motivo “creemos que tiene que tener el mayor proceso de participación posible para hacer la mejor Ley posible”. “El urbanismo tiene que ser un instrumento para resolver problemas, tiene que ser un instrumento para la dinamización económica y que impuse el urbanismo en Cantabria”, ha argumentado.