El Gobierno de Navarra impulsará una nueva ley foral para actualizar la normativa sobre accesibilidad universal con el objetivo de adaptarla a la legislación estatal y a las directivas de la Unión Europea en la materia
Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, durante la reunión de constitución del nuevo Consejo para la promoción de la accesibilidad universal y de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
El Gobierno foral ha explicado, en un comunicado, que la vigente normativa foral data del año 2010 y desde entonces el Estado ha aprobado, en 2013, el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
Además, la Unión Europea ha elaborado una estrategia hasta 2020 que señala la conveniencia de regular la accesibilidad en los ámbitos de la comunicación y de la información, que resultan ser de gran incidencia en la autonomía de las personas con discapacidades sensoriales y en la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que el resto de personas.
Durante la reunión presidida por la consejera Beaumont también se han dado a conocer las instrucciones para la elaboración de los informes de impacto de accesibilidad y discapacidad que deben integrarse en la tramitación de la normativa (anteproyectos de ley, decretos forales legislativos y disposiciones reglamentarias) relacionada con este ámbito.
En concreto, aquellas que regulen las telecomunicaciones y la sociedad de la información; los espacios públicos urbanizados, las infraestructuras y la edificación; los transportes; los bienes y servicios de la Administración a disposición del público; las relaciones con las administraciones públicas; y las universidades y el sistema educativo.
CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo para la promoción de la accesibilidad universal y de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad es un órgano consultivo y de participación en el que están representados distintos departamentos del Gobierno de Navarra, las asociaciones más representativas de defensa de las personas con discapacidad, las organizaciones de consumidores y otras asociaciones relacionadas con este ámbito.