Esta ley actualiza una normativa que llevaba obsoleta más de dos décadas y propone la creación de dos nuevas clases de bienes con declaración de protección expresa
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de Patrimonio Cultural que, según el consejero de Educación, Cultura y Deportes “garantiza la conservación, protección y enriquecimiento del rico patrimonio cultural e histórico de nuestra región”.
La Ley de Patrimonio Cultural, que ahora será remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria, es “moderna, eficaz, operativa, segura y protectora”, en opinión del titular de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín. En este punto, Marín ha puesto como ejemplo que la nueva normativa actualiza y renueva el concepto de patrimonio cultural, ampliando así el sentido del término, incluyendo el denominado “patrimonio inmaterial” en el sentido marcado por la UNESCO.
“Por primera vez en nuestra región –ha enfatizado el consejero autonómico- se regularán las expresiones orales y también, con carácter excepcional, las obras de autores vivos”. También como novedad la nueva ley propone la creación de dos nuevas clases de bienes con declaración de protección expresa. A la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) se suman la Declaración de Bien de Interés Patrimonial y la Declaración de Elemento de Interés Patrimonial.
Marín ha destacado también la “agilidad burocrática en la tramitación de estas declaraciones”. Así, se gradúa la protección jurídica de los bienes y la declaración será más rápida y requerirá menos trámites cuanto menor sea la protección propuesta. Por tanto, el tiempo de procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural será de doce meses, para Bien de Interés Patrimonial nueve y para Elemento de Interés Patrimonial seis meses.
Con el objetivo de garantizar la máxima protección en la conservación y divulgación del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, prevé la creación de nuevos órganos, como el Consejo Regional, que actuará como órgano consultivo, la Junta de Valoración como órgano asesor para valorar las figuras de protección que la Administración regional se proponga adquirir. También se incorpora un Inventario del Patrimonio Cultural, que va a garantizar “la imprescindible labor de incrementar el conocimiento relativo al patrimonio cultural de la región”, ha indicado el consejero.
La normativa incluye un régimen sancionador para “tratar de evitar o disuadir de aquellas acciones u omisiones que supongan incumplimiento de la ley o impliquen algún daño o perjuicio sobre bienes del patrimonio cultural”, ha explicado Marín. Asimismo, según ha indicado, la normativa contempla que las infracciones leves se paguen con multas de hasta 6.000 euros, las graves hasta 150.000 y las muy graves hasta un millón de euros.
El consejero de Cultura ha recalcado que el importe recaudado por la imposición de estas sanciones irá destinado a la “conservación y protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha”.
Sin contar con Toledo ni Cuenca
Tras la aprobación de esta Ley, las declaraciones del alcalde de Toledo han generado polémica. Emiliano García-Page, ha dicho que no ve “inteligente” que el Gobierno regional no haya tenido en cuenta a Toledo y Cuenca, las dos Ciudades Patrimonio de Castilla-La Mancha, a la hora de elaborar la Ley de Patrimonio Cultural que este jueves aprobaba el Consejo de Gobierno.
A preguntas de los medios, el regidor toledano ha asegurado no saber a quién ha consultado el Ejecutivo regional a la hora de redactar esta norma, porque a Toledo, “y me da que tampoco a Cuenca”, les ha llegado “ni el más mínimo borrador”.
A juicio de García-Page, este proceder del Ejecutivo regional no es “inteligente” pues el patrimonio cultural “es una cuestión que está muy por encima de cualquier batalla partidaria y política”.