La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) publica un documento de análisis de la contratación pública en España
La contratación pública alcanza en los países desarrollados cifras superiores al 15% del Producto Interior Bruto (PIB). Su importancia económica, junto con el carácter limitado de los fondos públicos, aconsejan una regulación del aprovisionamiento público verdaderamente favorecedora de la competencia. Solo así podrá mejorar la eficiencia en esta partida de gasto público, que en última instancia redundará en importantes beneficios tanto para las propias Administraciones Públicas, como para los ciudadanos y las empresas.
Así, con carácter positivo se valora el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico principios jurídicos sólidos como son la igualdad y la transparencia. Esta mejora se ha producido con la implantación de la normativa de transparencia y con la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, el examen muestra cinco áreas con importantes oportunidades de mejora:
1. Mejor acceso, transparencia y publicidad: Con independencia de los avances realizados en estos términos, la CNMC considera necesaria la implementación de mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc.). Así como mayor transparencia y publicidad de procedimientos (abiertos, finalizados, o planificados) con el fin de facilitar mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.
2. Evaluar la eficiencia económica y la competencia efectiva: Este control debe realizarse tanto por parte del órgano de contratación, que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido, como por parte de un organismo externo especializado.
3. Mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información: La contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico. La CNMC considera que debe aprovechar estos avances. Por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e interoperables que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
4. Implementar una mayor cooperación administrativa: Fomentar la cooperación inter e intra administrativa permitirá reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos.
5. Simplificar los procedimientos en la contratación pública: A través tanto del mayor recurso a la contratación vía procedimientos electrónicos, como de la reducción de la dispersión normativa de la materia.
La constatación de estas áreas de potencial mejora recomienda la actuación de la Comisión en este campo a través de las siguientes actuaciones:
1. Participación en la transposición de las nuevas directivas: Se estima oportuna la participación efectiva en este proceso de adaptación normativa, ya sea previa petición o a iniciativa propia,
2. Coordinación entre la CNMC y los poderes adjudicadores: A través de reuniones de trabajo, el desarrollo de programas de formación y la divulgación de las actuaciones realizadas por la CNMC en esta materia.
3. Colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y Plataforma de Contratación del Estado: Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las actuaciones desarrolladas por éstos, así como proponer la realización conjunta de técnicas de análisis, tanto para detección de posibles cárteles como para la redacción más procompetitiva de pliegos.
4. Formación de organismos supervisores en contratación: con el fin de divulgar la normativa de competencia y las vías de acceso a la CNMC en esta materia.
5. Revisar las normas de contratación pública: impulsando reformas dirigidas a reducir la dispersión normativa y proponer la modificación de la normativa vigente.
6. Actualizar la guía de contratación pública y competencia: A partir futuras modificaciones.