El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, José María Mazón, ha recibido hoy en su despacho a representantes de cuatro colectivos del sector inmobiliario en Cantabria para estudiar la creación de un registro profesional que regule el sector y contribuya a solucionar el problema del intrusismo
Concretamente, en el encuentro con Mazón han participado Miguel González, presidente de Aegi-Cantabria; Santiago Barrio, presidente de Afilia; Alexis Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva del grupo MLS Cantabria, y Marisa Madinabeitia, presidenta de Coapi-Cantabria.
Estos cuatro colectivos representan aproximadamente a unos 100 profesionales del sector, lo cual supone más del 50% del total que operan en Cantabria. El planteamiento que sus representantes han realizado al consejero es que la regulación se realice mediante un registro profesional como el que se viene aplicando ya en otras comunidades como Cataluña, Andalucía o el País Vasco.
Desde las asociaciones han mostrado a Mazón la preocupación que invade a un sector en el que cada vez hay un mayor número de empresas que, sin ningún tipo de medio ni garantía, se dedican a la compra-venta de pisos y a la intermediación. Estas acciones derivadas del intrusismo profesional derivan, según han denunciado, en una mala imagen del propio sector inmobiliario.
El titular de Obras Públicas y Vivienda ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con el intrusismo profesional que, a su juicio, “solo genera problemas” y que acaba afectando “a una de las decisiones más importantes en la vida de una persona” como es la compra de una vivienda.
En este sentido, y desde el interés por mejorar el sector “en todo lo posible”, se ha comprometido a considerar la propuesta planteada por las asociaciones inmobiliarias, con la que buscan dignificar la profesión, eliminar el intrusismo y, con ello, una gran parte de la economía sumergida, además de potenciar la seguridad del cliente ante una de las decisiones más importantes de su vida.
Mazón ha destacado que la pretensión principal de estas asociaciones es que sea el Gobierno quien lidere este control de la profesión, algo que, según ha dicho, “no es fácil” porque existen asociaciones empresariales y agentes profesionales que también tienen su propia regulación mediante cursos de formación o códigos deontológicos.
Para el consejero, y al margen del control que pueda ejercer el Gobierno, esta autorregulación del sector es igualmente “importante y necesaria”.